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Cuando en agosto pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso a disposición del Banco de México los Derechos Especiales de Giro (DEG) por un equivalente a 12,000 millones de dólares, para reforzar sus activos internacionales ante turbulencias globales, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dudó en decir que ese era “dinero del pueblo y de la nación”.

Al final, esos DEG del FMI acabaron donde debían estar, en la contabilidad de las reservas del banco central y el gobierno de López Obrador acabó haciendo una compra de dólares al Banxico para cubrir el dicho presidencial con esa operación.

Pero, así como se argumentan tantos derechos legítimos del pueblo con esos recursos del organismo internacional, así debería haber la obligación de escuchar sus argumentos y análisis sobre las decisiones políticas que se toman en México y que afectan el desempeño económico financiero de todo el país.

Cada año, desde que inició esta administración, la conclusión del FMI ha sido la misma sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco: es una distracción de recursos en un proyecto inviable.

Pemex está claramente identificado como un riesgo financiero para México y la distracción de sus pocos recursos en este tipo de proyectos poco rentables y de alto riesgo acabarán por agravar más la mala condición financiera de la empresa.

Tal parece que el objetivo es hacer exactamente lo contrario de lo que marque el sentido común. Porque en materia eléctrica el FMI indica que lo necesario es promover un sector energético más barato, más confiable, sostenible y competitivo.

Pero no, si la distracción de recursos, tanto de Pemex como fiscales, para la construcción de la refinería en los pantanos de Tabasco no era suficiente, ahí está la contrarreforma energética para completar el cuadro de lo que un país como México no debe hacer.

Parece hasta elemental la recomendación sobre la necesidad de que México aproveche los recursos renovables que en este país son amplios y diversos.

Es un contrasentido que la apuesta sea por carbón y desechos petroleros para producir electricidad y, además, con subsidios públicos, cuando los países desarrollados están a punto de exigir certificados de energías limpias para mantener las sociedades comerciales y cuando nadie quiere ver a una economía del tamaño de la mexicana entrar en una crisis presupuestal por esos enormes desvíos hacia ineficientes empresas públicas.

El Fondo Monetario Internacional hace esta serie de advertencias, estas en materia energética y otras tantas en materia de finanzas públicas y política monetaria, no para molestar al presidente López Obrador y a su movimiento, sino para evitar que México, que hoy mantiene el privilegio de esos Derechos Especiales de Giro, tenga que enfrentarse en el futuro a una nueva crisis financiera provocada por las malas decisiones gubernamentales.

Y así como la 4T se cree merecedora del “crédito del FMI para el pueblo”, así tiene que asumir sus obligaciones globales de mantener una economía estable que no acabe por arrastrar a muchos otros países ante un fracaso financiero de sus estrategias de gobierno.