Y es que “de forma indebida” dejaron de percibir un paquete de beneficios y prestaciones económicas que incluía ayuda para útiles escolares
El Instituto Fonacot lleva dos meses sin mandos superiores, tras las renuncias escalonadas de su director general, Alberto Ortiz Bolaños, el 15 de julio y dos semanas después, de quien quedó como su suplente, Roberto Raymundo Barrera Rivera. El 29 de julio, las direcciones generales adjuntas de crédito y finanzas y comercial —esta última, a cargo de Nancy Brenda Zayola Olvera— también quedaron vacantes.
El artículo 80 del Estatuto estipula que por ausencia quedaría al mando José Zé Gerardo Cornejo Niño, subdirector general de administración, hasta la sesión del consejo directivo, que deberá de realizarse antes de que concluya este mes.
Cinco días después de la renuncia de Ortiz Bolaños, una docena de directores de las oficinas comerciales del Instituto en 10 entidades federativas suscribió una queja que actualmente se tramita en el Órgano Interno de Control, contra el encargado del despacho.
Y es que “de forma indebida” dejaron de percibir un paquete de beneficios y prestaciones económicas que incluía ayuda para útiles escolares; vales de despensa; gastos de servicios óptico, auditivos, odontológicos u ortopédicos; préstamos personales; créditos institucionales, gratificaciones anuales y el pago de cuotas al IMSS.
Ese recorte al salario, documentaron, aplicó desde la primavera del 2019 y Rosa Angélica Tejeda, entonces directora de Recursos Humanos, y la subdirectora general comercial, Ruth Graciela Bravo Martínez, se negaron a atender sus reclamos. Hasta el 20 de septiembre del 2020 —a través del oficio SGA/470— Cornejo Niño respondió que la medida fue procedente, luego de realizar una consulta a la titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos y en apego al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán de observar las dependencias y entidades de la administración pública federal,
Y desde hace un mes entonces circula un “extrañamiento” de mandos medios del Instituto por su designación y un movimiento contrario a su probable ratificación, ya que —consideran— su propuesta de ajuste a la plantilla de empleados operativos y de confianza “pondría en riesgo la estabilidad financiera y estructural del Instituto”.
Y es que además de prescindir de esa plantilla de personal, Cornejo Niño redujo las partidas presupuestales para cubrir servicios de papelería, seguridad, limpieza, comunicación, además de suspender el pago de contratos con proveedores y despachos de cobranza.
Ortiz Bolaños tenía el número de empleado 7491 y entre el 1 de diciembre del 2018 hasta el 15 de julio del 2021 recibió un salario diario integrado de 5,439.61 pesos y un apoyo para despensa que sumaba 163,188.26 pesos mensuales.
Fue director general del Infonacot durante dos años y 227 días y para su finiquito sumó los pagos correspondientes a tres meses de salario —de conformidad con la ley— más 20 días por cada año de servicios y fracción, por indemnización, 12 días por el mismo periodo de tiempo y 20 días por vacaciones no disfrutadas, además de los pagos correspondientes a las vacaciones y la prima vacacional del año en curso.
Esta semana, el consejo directivo del Instituto deberá conocer de la designación de Alejandro Pagés Tuñón, exdirector del Instituto Registral y Catastral de Puebla, quien hace dos semanas visitó la sede central y conoció, de primera mano, las quejas de sus subordinados.
Efectos secundarios
OMISIONES. Una semana bajo asedio ha estado la Plataforma Nacional de Transparencia y la Dirección General de Tecnologías del INAI ha sido incapaz contener los ciberataques y restaurar a plenitud las funcionalidades de la el ecosistema digital que la ciudadanía debe utilizar para obtener información de los sujetos obligados por la ley. La intermitencia del sistema era la consecuencia lógica de los ataques de Inyección SQL y DDS que no han cesado hasta el cierre de este espacio. Hace tres años, cuando Francisco Acuña presidía el Pleno del órgano garante, los comisionados del INAI autorizaron una inversión de 3.31 millones de pesos para adquirir servidores de nube privada en los que se alojaría al Centro de Procesamiento de Datos. Desde el 2015, esa instancia gubernamental ha destinado recursos para erigir —vía adquisiciones directas— la infraestructura requerida para para soportar el trámite electrónico de las solicitudes de información. Antes falló y ahora, de nueva cuenta. Los servidores nube privada tipo blade tenían una vida útil de tres años. Pero llegaron los zacatecanos, tolerados por los poblanos, y dieron al traste con todo…
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