Fue una manera tramposa, arbitraria, de favorecer a Petróleos Mexicanos en un mercado donde ya domina 90 por ciento
Para qué buscar ser competitivos si pueden ser impositivos. Esa parece ser la filosofía del gobierno federal en muchas de sus decisiones de inversión y políticas públicas.
Esta administración destruyó el Seguro Popular, que había logrado extender la cobertura de servicios de salud a un número importante de mexicanos, para crear el Instituto de Salud para el Bienestar que mandó a la indefensión sanitaria a millones de mexicanos en plena pandemia.
A mediados del año pasado la Secretaría de Energía y la alguna vez autónoma Comisión Reguladora de Energía impusieron restricciones a los permisos de importación de gasolinas y trabas regulatorias a las empresas privadas para la venta al menudeo de esos combustibles.
Fue una manera tramposa, arbitraria, de favorecer a Petróleos Mexicanos en un mercado donde ya domina 90 por ciento.
El gobierno canceló la licitación de explotación de yacimientos petroleros, las famosas rondas petroleras para marginar a los particulares. Retiró los derechos de gestión del yacimiento Zama, descubiertos por la empresa Talos Energy, para entregárselos a Pemex.
La administración de López Obrador ha intentado con decretos y leyes secundarias limitar derechos constitucionales a las empresas privadas generadoras de energías limpias para que la Comisión Federal de Electricidad siga quemando carbón y combustóleo para generar electricidad cara y con procesos contaminantes.
Y ahora, con esa misma actitud autoritaria, la 4T busca limitar el número de operaciones que las líneas aéreas pueden llevar a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para obligarlas a migrar a la terminal comercial que López Obrador se encaprichó en construir en la base aérea militar de Santa Lucía.
Las líneas aéreas no se niegan a operar en ese aeródromo por capricho político, sino por costos de tener que duplicar infraestructura y los pasajeros optarán por no volar ante la distancia y la dificultad para llegar a esa caprichosa terminal aérea.
Este gobierno no entiende la manera como funcionan los mercados, no tiene ningún interés en los consumidores y no quiere competencia, sobre todo en el sector energético. Y ahora quiere imponer el uso de su aeropuerto.
A la política de construcción de Elefantes Blancos sigue la imposición de tener que treparse al elefante.
A este paso, habrá un impuesto especial para los que viajen en avión al sureste, para obligar al uso del famoso Tren Maya o van a limitar el número de operaciones de la banca comercial para forzar la apertura de cuentas en el Banco del Bienestar.
Parecen exageraciones, pero también lo parecía quitar un generador eólico de energía porque al Presidente le parece que afea el paisaje.
Forzar las cosas de manera arbitraria y sin obtener un beneficio a cambio, sólo demeritará la calidad de los servicios, provocará caídas en la competitividad del país, generará más desconfianza y de paso provocará conflictos legales internacionales con todos aquellos que son afectados con esas imposiciones.
Más allá de cancelar el acceso a energías más limpias o vuelos comerciales en una terminal más cercana, lo que está en juego con estas imposiciones es cancelación de libertades económicas.
Cancelación de libertades
Tren maya
A este paso, habrá un impuesto especial para los que viajen en avión al sureste, para obligar al uso del famoso Tren Maya.
Banco del Bienestar
Limitarían el número de operaciones de la banca comercial para forzar la apertura de cuentas en el Banco del Bienestar.
Santa Lucía
La 4T busca limitar el número de operaciones que las líneas aéreas pueden llevar a cabo en el AICM para obligarlas a migrar a Santa Lucía.
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