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¿Tenemos el sistema de apoyo para desastres que necesitamos? El 28 de julio de 2021 la Secretaría de Hacienda publicó el decreto en el que desapareció oficialmente el Fonden. De entonces a la fecha, hemos tenido la embestida del Huracán Grace; el mayor desbordamiento del Río Tula en 40 años y un sismo de 7.1 grados, la noche del martes 7 de septiembre.

Somos un país vulnerable a los desastres naturales. Sequías, inundaciones y temblores son hechos que seguramente viviremos. Asumimos esta condición con grandes cuotas de solidaridad civil, donde se manifiesta lo mejor de nosotros y se compensa parcialmente la debilidad de nuestras instituciones. ¿Debilidad? Una de las mejores evidencias de esta condición es la dificultad para saber con precisión cuántas personas son afectadas por un desastre y a cuántas se debe o puede apoyar.

¿Necesitamos un Fonden o, mejor dicho, una versión corregida y aumentada del mismo? Hoy empieza la discusión del presupuesto 2022 y la cuestión es de máxima relevancia. Están las lluvias, los damnificados, los temblores y las réplicas para recordárnoslo. En el 2021, todavía quedaba una parte de los recursos de ese fideicomiso para ejercerse, alrededor de 8,728 millones de pesos. Para el 2022, todo parece indicar que no hay nada. Sólo habrá lo que los diputados decidan.

AMLO decidió que el Fonden debía desaparecer “porque estaba lleno de corrupción”, pero no ofreció una solución institucional a los defectos del fideicomiso. Hasta donde sabemos, tampoco presentó pruebas de los malos manejos del Fonden ni demandas en contra de responsables.

¿Han sido bien atendidos los damnificados de Grace en Veracruz? ¿Cómo le ha ido a los hidalguenses y mexiquenses… a la gente de la zona metropolitana de Guadalajara con las inundaciones? De acuerdo al compromiso presidencial, los damnificados no echarán de menos el Fonden, porque serán atendidos por diversas Secretarías de Estado y los gobiernos locales.

Quienes decidan sobre el presupuesto 2022 deberán poner mucha atención a este asunto. En juego está la capacidad de respuesta en situaciones de crisis para miles de personas. Según el color del cristal con que se mire, estamos hablando de humanidad/inhumanidad del Estado o de eficiencia/ineficiencia del aparato gubernamental.

No crean que esta Caja Fuerte aboga por la restauración del Fonden, más bien a favor de trabajar para tener un entramado institucional acorde al tipo de país que somos, complejo y vulnerable: una agencia nacional que sirva para evaluar y prevenir los riesgos y una dotación suficiente de recursos a las dependencias que, en teoría, apoyan a los damnificados: Salud, Bienestar, Sedatu, Sedena, Agricultura, Infraestructura; Comunicaciones y Transportes. Todo esto con reglas de operación, colaboración interinstitucional y rendición de cuentas, como nunca lo tuvimos, ni antes ni ahora.

Prevenir es mucho más barato que remediar. La prevención empieza con la dotación de recursos en el presupuesto. Para el 2022, tendremos un gasto público de alrededor de 7 billones de pesos, de los cuales más de 95% está comprometido para gasto en pensiones; servicio de la deuda y participaciones a Estados y Municipios. Será un año complicado para la recaudación, con poco crecimiento económico y sin guardaditos, porque ya casi se acabaron los 300,000 millones que dejaron “los neoliberales” en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales y los 68,400 millones de pesos que había en los fideicomisos.

Será complicado cuadrar el presupuesto, pero en ese monstruo de 7 billones de pesos hay margen para asignar recursos que sirvan para prevenir y remediar los daños que traen los desastres naturales. Es necesaria la voluntad política, pero no suficiente. Necesitamos instituciones y dinero. ¿Es mucho pedir 20,000 millones de pesos para empezar? Es menos de 0.3% del presupuesto total. ¿Debemos conformarnos con rifas, sorteos y limosnas?