El Bronco, tiene en la mira el acueducto Monterrey VI. Su advertencia ha puesto a temblar a las empresas que integran el consorcio constructor ICA
El gobernador electo llena de preguntas un escenario que también requiere respuestas; sólo la gente de su equipo sabe si se atreverá a cancelar la obra.
El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, tiene en la mira el acueducto Monterrey VI. Su advertencia ha puesto a temblar a las empresas que integran el consorcio constructor ICA, que encabeza Alonso Quintana; Higa, de Juan Armando Hinojosa; Desarrollos Rogar; Recsa, de Humberto Armenta y PYESA.
Si el gobernador electo de Nuevo León cancela el acueducto, llevará a instancias legales la polémica en torno al mayor proyecto de infraestructura del gobierno de Rodrigo Medina. “Hay un contrato y habrá acciones legales”, advierte Bernardo Quintana, el patriarca de ICA. Este empresa tiene 37.5% del accionariado del consorcio constructor de Monterrey VI. Un porcentaje idéntico al que tiene Juan Armando Hinojosa, el constructor tristemente célebre desde el destape de la Casa Blanca de Angélica Rivera.
En sus declaraciones a Ciro Gómez Leyva en Fórmula, El Bronco hace eco de las críticas que llevan meses vertiéndose en Nuevo León. Es un proyecto costoso, en el que no existe la transparencia necesaria. El hecho de que el gobernador Rodrigo Medina haya sido su principal promotor agrava la situación. El mandatario neoleonés vive, en el final de su periodo, una lluvia de acusaciones de malos manejos y enriquecimiento inexplicable. Los críticos del acueducto cuestionan la necesidad de una obra de tal magnitud, el esquema financiero por el cual se realizará, la participación de Juan Armando Hinojosa y el afán de Medina por llevarla a cabo.
Lo cierto es que hay muchísima información disponible sobre Monterrey VI. La obra costaría alrededor de 14,161 millones de pesos, pero su realización y operación prevé un contrato de prestación de servicios que significará un costo de 47,000 millones de pesos al final de los 27 años de vida del contrato. Los constructores recibirán 124 millones mensuales durante los 27 años que dure la concesión.
Esta propuesta ganó un concurso en el que se anotaron 28 competidores, pero al final sólo quedaron dos. Humberto Armenta, presidente de Recsa y participante del consorcio ganador con 6.5%, ha defendido el proyecto y ha hecho algo poco común: detallar las cifras de inversión y ganancias. Las cuatro empresas del consorcio invertirán 2,000 millones de fondos propios, me dijo Armenta en una entrevista publicada en El Economista en abril pasado. El resto de los recursos se completará con 3,000 millones del Fondo Nacional de Infraestructura y 9,000 millones de créditos de la banca comercial. “El margen de ganancia para el consorcio será 15%”, afirmó Armenta en esa entrevista.
“Yo sugeriré públicamente que se detenga el proyecto (…) Yo creo que los empresarios que ganaron este concurso no deben de arriesgarse a ir más allá”. Estas 25 palabras de El Bronco le han elevado la temperatura a algo que ya estaba ardiendo. El gobernador electo llena de preguntas un escenario que también requiere respuestas: sólo la gente de su equipo sabe si El Bronco se atreverá a cancelar la obra e irse a tribunales. En caso de hacerlo, se abre un escenario inédito en nuestro país. ¿Cómo funcionará el Poder Judicial en un caso como éste? ¿Qué impacto tendrá en el Programa Nacional de Infraestructura? ¿Cuántas obras más podrían detenerse con argumentos parecidos? ¿Qué reacción tendrá el Ejecutivo federal?
Por lo pronto, hay que escuchar a El Bronco. El tiempo nos dirá si hay que tomarlo en serio.
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