Vargas Valdez apareció dos horas después y convocó a sus pares a reponer los procedimientos, para evitar una crisis constitucional que podría acabar con esta institución, que apenas cumplirá 25 años de existencia
Fue una tarde ignominiosa. La orden del día de la sesión no presencial de la Sala Superior del TEPJF enlistaba 58 medios de impugnación, cuya urgente resolución no aceptaba más dilaciones. Pero cinco de los siete magistrados que integran ese órgano jurisdiccional decidieron emprender lo que creen es la ofensiva definitiva contra José Luis Vargas Valdez.
El magistrado presidente y Mónica Aralí Soto Fregoso declararon su sorpresa, tras de conocer la moción de la mayoría, verbalizada por Felipe de la Mata Pizaña, para realizar una evaluación pública sobre el desempeño de Vargas Valdez… Su remoción era consecuencia inevitable.
Una minoría sorprendida. Y una mayoría indignada. Los integrantes del pleno de la Sala Superior protagonizan una guerra intestina desde hace meses. “Vargas Valdez nunca cumplió con su palabra”, era una queja recurrente en las semanas recientes. “Obligó a los directores a pasar por el polígrafo, ¿con qué derecho?”, reclamaban.
En tiempo real, los noticieros radiofónicos del mediodía dieron cuenta de la asonada. Soto Fregoso advirtió a sus colegas porque supuestamente incurrirían en la comisión del delito de obstrucción de la justicia, pero Reyes Rodríguez Mondragón e Indalfer Infante González apelaron a la transparencia y la necesaria rendición de cuentas. ¿Por su desempeño como justiciable o por las indagatorias abiertas por la UIF contra el magistrado presidente?
Roto, el pleno de la Sala Superior vivió una escalada conflictiva que el miércoles tuvo su peor momento. Vargas Valdez ni siquiera concedió que la sorpresiva propuesta fuera votada. Y antes de decretar un receso, advirtió a los magistrados rebeldes sobre una crisis de constitucionalidad en ciernes.
Vargas Valdez invocó al texto constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para llamar al orden y desahogar en privado la moción suspensiva.
“Desde 1996, (el pleno de) este tribunal no ve cuestiones administrativas o de gobierno en sesiones públicas”, recordó, “no obstruyan la justicia. En sesiones privadas y en el ámbito de las atribuciones, es posible determinar otras cuestiones. Si tienen alguna evaluación que tengan que hacerme, háganla por escrito”, insistió.
Soto Fragoso alegó violencia política y discriminación de los cinco magistrados que emplazaron a Vargas Valdez. “No pueden obligarme a votar sobre un asunto que apenas están proponiendo. No puedo aceptar que se me excluya de mi derecho a estar informada y a tomar parte de las decisiones en condiciones de igualdad”.
El bloque mayoritario fue expedito al elaborar y remitir el oficio que otorgaba “un plazo máximo de 15 minutos” para la reanudación de la sesión “suspendida injustificadamente”. Agotado el ultimátum, a las 15:30 horas, la magistrada decana, Janine Madeline Otálora Malassis, expidió la convocatoria a la reanudación de trabajos misma que Soto Fregoso y Vargas Valdez no atendieron. Y a las 16:00 horas, a través del canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral, comenzó la transmisión de los trabajos. Reyes Rodríguez Mondragón se ostentó como presidente y desahogó el orden del día.
Vargas Valdez apareció dos horas después y convocó a sus pares a reponer los procedimientos, para evitar una crisis constitucional que podría acabar con esta institución, que apenas cumplirá 25 años de existencia.
Así que el Tribunal Electoral amanece con dos presidentes en funciones. Si Rodríguez Mondragón permanece en el cargo emprenderá la tarea de “rescatar” al Tribunal Electoral, una tarea que le tomará tiempo pues los mandos medios fueron designados por Vargas Valdez y su remoción implicará recursos extraordinarios.
Efectos secundarios
SUSPENSO. La comunidad académica y estudiantil del CIDE ya tuvo su primera reunión con José Antonio Romero Tellaeche, quien provisionalmente asumió la dirección general de ese centro educativo. La petición para que haya una consulta amplia antes de designar al nuevo funcionario será canalizada al área pertinente, es decir la dirección general de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.
INTIMIDANTES. Ha pasado una semana desde el operativo implementado por agentes ministeriales en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, presuntamente fundamentadas en denuncias contra licencias de obras expedidas por colaboradores de la aldaldesa gobernado por la morenista Laura Beristain Navarrete, cuyo domicilio fue cateó de manera inesperada días antes de las elecciones del pasado 6 de junio.
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