La intrusión en las comunicaciones de las personas de interés durante las administraciones de Calderón y Peña alcanzó niveles inquietantes
Como los Panama Papers o la difusión del expediente del caso Lava Jato, el Pegasus Project tendrá efectos a largo plazo.
En México es una comprobación del uso generalizado de uso de sistemas de vigilancia contratados por agencias gubernamentales que tuvieron a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos entre sus blancos.
La intrusión en las comunicaciones de las personas de interés durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto alcanzó niveles inquietantes. Poco menos de una tercera parte de los 50,000 números telefónicos que a nivel global identificaron Amnistía Internacional y Forbidden Stories como probables objetivos de espionajes fueron localizados en México.
Sobre uso y el abuso de Pegasus falta mucho por escribir. Pero también hay un rezago importante, respecto de las empresas de seguridad que venden estos servicios a las instancias gubernamentales y los programas utilizados en esas tareas de vigilancia. El esfuerzo incesante de Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC ha generado la materia prima de las denuncias periodísticas. El trabajo de investigación de colegas —destacadamente Quinto Poder y Aristegui Noticias— también debe resaltarse.
Las víctimas del espionaje —ya sea gubernamental o de otras instancias fuera de la ley, incluidos grandes consorcios económicos y el crimen organizado— tienen razón al reclamar una investigación amplia, exhaustiva y profesional que identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de hackear sus comunicaciones profesionales y privadas.
Muy pocos han presentado denuncias ante las autoridades judiciales por dichas atrocidades. Y el órgano garante —léase INAI— ha sido omiso en el cumplimiento de la protección de los datos personales y la privacidad. Y más, en el esclarecimiento de la adquisición y el uso de tecnología de vigilancia, por parte de agencias gubernamentales federales y estatales.
De la fiesta del espionaje —Reyes Heroles dixit— queda, empero, una voluminosa lista de proveedores de estos cotizados servicios. Al menos 115 razones sociales y una veintena de programas actualmente pueden ubicarse en Compranet en estas materias.
Después de los recientes escándalos quedarán cesantes los contratos con los representantes de Pegasus. Pero eso no significa que ya no habrá espionaje.
Los representantes de NSO en México durante el sexenio peñista fueron identificados hace 10 días por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Grupo Tech Bull y Balam Seguridad pertenecen a distintos empresarios, pero se dedican a las mismas tareas.
Los softwares para actividades de localización y vigilancia más consumidos por los entes gubernamentales son: Cell ID, Geomatrix, Guardian Unified, Nice Track, Opencell ID, PC 360, PSS, RCS, Skylock, Ulin, Verint, Geoloc Lighthouse y por supuesto Pegasus.
Los contratos para adquirir Pegasus, quiénes autorizaron la compra, quiénes operaban y ordenaban las intervenciones, dónde se almacenó la información, por ejemplo.
Efectos secundarios
EMERGENTE. LLYC, antes Llorente & Cuenca, debutó hace una semana en BME Growth, la bolsa de valores para Pymes de España. En un principio, las ofertas de suscripción lanzadas por esta compañía, buscaban captar un máximo de 10 millones de euros, pero han registrado una demanda 5.1 veces superior. Como resultado de la ampliación de capital, la sociedad ha pasado a estar representada por 11 millones 639,570 acciones. Asimismo, se ha fijado un precio de referencia de 9.39 euros por acción, lo que implica que la valoración de los fondos propios asciende a más de 109 millones de euros (más de 2,573 millones de pesos).
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