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El dinero se lleva mal con la democracia. Las campañas democráticas son caras y no hay país que pueda congratularse de haber resuelto satisfactoriamente el problema de cómo financiarlas.

El problema no es menor: evitar que los ricos decidan con su dinero quién tiene mejores campañas y se compren candidatos como se compran viajes a la luna. Puestos a hacer campañas en sociedades grandes y complejas, no hay dinero que alcance. Siempre hace falta algo más en qué gastar.

Lo cierto es que los candidatos que no tienen dinero para sus campañas llevan mucha desventaja, no compiten o compiten mal.

Nos resulta familiar, pero no deja de ser una impudicia, que los candidatos estadunidenses recojan dinero para sus campañas entre donantes privados, y que el que junta más dinero trague más pinole… y haga más compromisos.

Democracias europeas reconocidas han tenido escándalos porque los gobiernos buscan la manera de financiar a sus partidos mediante mecanismos de gasto público en los que algo se canaliza para sus organizaciones de parte de empresas y contratistas beneficiadas.

El caso de México es triste porque un sano, aunque caro, punto de partida en la materia dio lugar a uno de los sistemas de financiamiento más dobles e inauditables que hay.

México decidió que campañas y partidos se pagaran con dinero público, salvo 10 por ciento, de modo que ni el dinero legal de los empresarios ni el ilegal de los narcos entrara al juego. Desde entonces, 1997, se dedica un dineral a campañas y partidos, pero los partidos buscan y reciben también, ilegalmente, inauditables cantidades de Dinero bajo la mesa, como se titula el libro sobre este fenómeno escandaloso, escrito por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde (Grijalbo).

La razón de fondo que explica este desastre es que los partidos de la democracia mexicana no cumplen la ley que los rige en esto: todos tienen sus buscas multimillonarias por fuera.

Digo todo esto a propósito de las sanciones que acaba de imponer el INE por irregularidades en las elecciones del 6 de junio. No contentos con ocultar el dinero que reciben bajo la mesa, los partidos tampoco rinden cuentas del que les ponen legalmente en ella.