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Excepto contra probables delincuentes (incluido su entorno familiar y relaciones amistosas o de negocio con eventuales cómplices) y desde luego con la autorización de un juez, la intercepción de comunicaciones telefónicas privadas es un delito que debe perseguirse y castigarse porque atenta contra la privacidad de las personas.

Se trata de una vieja práctica morbosa que, de no ser para chantajear a víctimas temerosas de que se revelen vergonzosas intimidades, resulta sobre todo, además de inútil, un ejercicio idiota.

¿A quién de los espiados mediante el software Pegasus le pudo alguien alterar su existencia y destino si el gallo más alambreado, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó (y con holgura) la Presidencia de la República? ¿Su “adversario” Claudio X. González perdió acaso su condición de próspero empresario? En su caracterización de Brozo, ¿Víctor Trujillo dejó de hacer befa y mofa de los poderosos de ayer y hoy? ¿Algún periodista ha dejado de trabajar como se le da la gana?

Indigna y desagrada saber (o suponer) que “un mundo nos vigila”, pero el teléfono es un instrumento vulnerable y tan fácil de “pinchar” que hasta en los mercados callejeros pueden adquirirse artilugios piratas para husmear en la vida de quien sea, como se pueden conseguir uniformes y armas de tan buena o mejor calidad que las de soldados, policías y guardias nacionales.

Guillermo Valdés dirigió el extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y, en su Doble mirada de MILENIO, bajo el título El espionaje que viene, publicó este miércoles valiosas reflexiones sobre el tema desatado por los nuevos datos del uso de Pegasus. Conocedor como pocos, advierte que el subrepticio recurso “es una fuente para generar inteligencia, no la única, pero indispensable para la seguridad nacional”, cuyo riesgoso manejo tiene una “única manera de resolverlo a través de la intervención de un Poder ajeno al órgano de inteligencia (el Ejecutivo), el Judicial, que valore si realmente se trata de una causa justificada”.

Otro Poder con responsabilidad en el asunto es el Legislativo, pero el de México manifiesta un desinterés tal que ha sido incapaz de promover “medidas al respecto y no esperar que el Ejecutivo lance una iniciativa de ley…”.

Así como un secreto no se le confía a nadie, los equipos y programas de espionaje debieran ser distintos para cada una de las instituciones obligadas a tenerlos. Pegasus, adquirido en 2014 por la desaparecida PGR, fue compartido con órganos militares y civiles y terminó, como las bases de datos de que se sirven los bancos y hasta las funerarias para ofrecer servicios, igual que los chismes que no solo corren por todo el barrio sino que son magnificados por la imaginación hasta que la intención y versión originales se vuelven incomprensibles.

En el caso del más prominente espiado y su familia, de los sobornos electorales a sus hermanos Pío y Martín se supo gracias a la traición del intermediario antes que por algún archivo “secreto” de los pinches “neoliberales…”.