Instituciones públicas del ámbito federal han incumplido con conectarse al Sistema Nacional Anticorrupción para vigilar a sus servidores públicos
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuenta con la Plataforma Digital Nacional (PDN) para, entre otras funciones, consultar las declaraciones patrimoniales de los empleados de todas las instituciones públicas de cualquier nivel de gobierno, sin embargo, son pocas las instituciones que se han conectado a la herramienta.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han incumplido con su obligación de conectarse a la Plataforma.
Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha conectado el sistema DeclaraNet que administra.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción detalló en su informe presentado en mayo pasado que la herramienta ha sido utilizada en su mayoría por pocas instituciones estatales.
La PDN se comunica con las bases de datos de las instituciones públicas locales, estatales y federales para facilitar la búsqueda de información por los usuarios. A través de esta herramienta se puede detectar, prevenir y combatir la corrupción en el sistema público.
Se compone de seis bases de datos: de evolución patrimonial; de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas; de servidores públicos y particulares sancionados; de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
De denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, y de datos de contratos públicos.
Sin embargo, solo hay información de algunas instituciones de Aguascalientes, Guanajuato y el Estado de México.
Al respecto, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, destacó que ya conectó la información sobre servidores públicos que intervienen en contratos y de aquellos sancionados.
Con información de Milenio
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