El doble hostigamiento deja claro que de lo que se trata es de intentar descarrilarlos para despejarle el camino a la rezagada Clara Luz
Coautor de la hilarante y candorosa Cartilla moral de la 4T, el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti complace sin pudor y de sobra la orden de perseguir no solo a uno sino a los dos candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León.
Samuel García, de MC, y Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD, son los objetivos de la batida. El primero aventaja con 40 por ciento de las preferencias, el segundo con 25, mientras Clara Luz Flores, de Morena, tiene un triste 15 por ciento.
La instrucción para la cacería (pese a la ilusoria “autonomía” del Ministerio Público) provino del presidente López Obrador, para quien desde ayer, al responder sin ambages “¡claro que sí!” a la pregunta de si tiene metidas las manos en el proceso electoral, aplica el axioma jurídico A confesión de parte, relevo de pruebas, liberando a las contrapartes de tener que demostrarlo.
Para la persecución los pretextos son distintos: a De la Garza se le imputa repartir dinero a través de tarjetas, lo cual es una mentira contumaz porque lo que hace es únicamente prometer, igualito que varios candidatos de Morena, entre otros Víctor Hugo Romo, quien busca la alcaldía de Miguel Hidalgo, y Evelyn Parra, de la Venustiano Carranza, en Ciudad de México.
Contra Samuel García se esgrimen los señalamientos de supuestos narcoapoyos que hizo en su contra De la Garza, para quien la embestida presidencial es de respaldo al candidato de MC.
El doble hostigamiento deja claro que de lo que se trata es de intentar descarrilarlos para despejarle el camino a la rezagada Clara Luz.
Con todo y lo tramposamente avieso que fue el acoso judicial del peñanietismo contra Ricardo Anaya para disminuirle sus posibilidades de alcanzar la Presidencia, en esa campaña era notoria e imbatible la ventaja de López Obrador. Ahora con los aspirantes a gobernar Nuevo León es peor de marrano, porque en 2018 no se intentó cerrarle el paso al Presidente actual.
Las presunciones contra Samuel García y Adrián de la Garza son insignificantes con los delitos que hace tres años cometió Morena: creó el fideicomiso Por los demás, en el que se involucraron legisladores, militantes y simpatizantes para donar casi 79 millones de pesos de origen turbio a damnificados por los sismos de septiembre de 2017. En la operación violó tanto la ley como las normas del propio contrato del fideicomiso que sirvió para una vulgar compra de votos en la que se capitalizó políticamente la necesidad de millares de familias pobres. Animal Político dio cuenta entonces de que “el origen de estos recursos no está claro, pues se depositaron en efectivo a través de cheques de caja y por transferencias bancarias y SPEI. El dinero, posteriormente, fue sacado del fideicomiso y repartido en efectivo entre operadores de Morena, quienes viajaron por el país con el recurso para repartir en mano millones de pesos a los damnificados que elegían a partir de un padrón elaborado por los integrantes del partido…”
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