Ricardo Mejía, quien defiende la creación del padrón de celulares con datos biométricos, fue multado por el INE por filtrar el Padrón Electoral de 2010
Once años después de ser acusado por la filtración del padrón electoral de 2010, el actual subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, impulsa la creación del padrón de celulares que recopilaría datos biométricos de los usuarios.
En noviembre de 2010 se vendió el entonces padrón electoral al portal buscardatos.com, con sede en Suecia. La venta, señala el medio LatinUs, corrió a cargo del partido Convergencia, actualmente Movimiento Ciudadano.
En 2013, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) inició una investigación en la que se expuso que Ricardo Mejía Berdeja era secretario de Convergencia.
Para 2016, el ya INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordaron multar al ahora Movimiento Ciudadano con 61 millones de pesos.
El INE también determinó multar a Mejía Berdeja, con 25 mil pesos, por incumplir su obligación de salvaguardar y preservar el padrón electoral, lo que derivó en uso indebido de información.
Argumentó que la investigación realizada demostró que el actual subsecretario de Seguridad recibió de Adán Pérez Utrera, entonces representante de Convergencia ante la Comisión Nacional de Vigilancia del IFE, 43 discos compactos y el disquete para desencriptar el padrón electoral.
Ricardo Mejía impugnó la decisión del INE ante el Tribunal Electoral, pero este ratificó la multa en su contra.
Once años después de la filtración del padrón electoral, Mejía Berdeja defiende que las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para la creación de un padrón de celulares con datos biométricos, ayudarán a disminuir los delitos cometidos desde líneas telefónicas de prepago.
Durante una conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana resaltó que en México nueve de cada 10 llamadas de extorsión son realizadas desde teléfonos celulares con sistema de prepago; mientras que en secuestros los delincuentes utilizan hasta 20 chips diferentes para comunicarse con los familiares de las víctimas.
Advirtió que el prepago dificulta las tareas de investigación, seguimiento y persecución de los delitos debido a que los delincuentes pueden comprar un número ilimitado de tarjetas para sus actividades criminales.
Ya no queremos que detrás de una llamada de extorsión haya un prepago. Ya no queremos que a través de ese secuestrador que martiriza a las víctimas o a las familias esté una llamada de prepago y no queremos tampoco que en el robo a autotransporte halla lo mismo”, manifestó.
Posteriormente, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, Ricardo Mejía aseguró que la huella dactilar sería suficiente como dato biométrico a solicitar a los usuarios.
Aclaró que aunque el asunto lo definirá el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “en nuestra opinión, del Gobierno Federal, con la pura huella digital sería suficiente para satisfacer esta necesidad”.
Actualmente, para contratar una línea de telefonía móvil se pide el nombre del usuario, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.
Cuestionado sobre quién resguardará los datos biométricos y personales del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), dijo que quedarán a cargo del IFT, órgano autónomo que se encargará de que no sean utilizados para otros fines.
Mejía Berdeja recordó que lo que prevé la ley es que, quien hace la captura del registro es la empresa telefónica; el que resguarda el padrón es el IFT; mientras que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) el que se encarga de la protección de datos personales.
Hay una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Y ahí, evidentemente, el Inai, como órgano autónomo, va a tener que hacer su trabajo, y se va a tener que estar muy pendiente de que no haya una situación”.
Agregó que la ley prevé responsabilidad tanto para las autoridades como para las empresas en caso de que hagan mal uso de los datos, en tanto que los usuarios podrán realizar consultas para verificar que no se cometan atropellos con sus datos.
Con información de LatinUs y López-Dóriga Digital
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