Obligados por la austeridad, sus usuarios habían reducido al mínimo el presupuesto para su resguardo, mantenimiento y operación
Al margen del lote de 72 aeronaves susceptibles de enajenación por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Súper KingAir B300 de la Exportadora de Sal permaneció los dos primeros años de esta administración en su base de operaciones, el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de Tijuana.
Ese aparato de la Beechcraft cumplía con las especificaciones para exentar su enlistado en el inventario de aeronaves gubernamentales a remate: si bien estaba dedicado principalmente al traslado de los directivos de la paraestatal, es el único medio de comunicación con la mina de sal, ubicada en el municipio de Guerrero Negro, Baja California Sur.
Obligados por la austeridad, sus usuarios habían reducido al mínimo el presupuesto para su resguardo, mantenimiento y operación. Pero el año pasado, tuvieron que mandarla al taller, para mantenimiento. Además del overhaul de los Prat & Whitney del bimotor, se requería reemplazar los soportes aisladores de vibración para ambos motores, después de 3,600 horas de vuelo.
La Dirección de Administración y Finanzas de ESSA autorizó la cotización presentada por el área de conservación y obra pública. El jet matrícula XB GRN voló al hangar de SoCal Jet Services Incorporated, en Long Beach, California, donde aún permanece. Y es que terminados los trabajos de mantenimiento, la empresa remitió su invoice, por dos millones de dólares. Una normatividad caótica y la insuficiencia de presupuestales han impedido que la aeronave regrese a Guerrero Negro. Por lo demás, desde hace tres años, 2017, el permiso para el uso del aeródromo está vencido y la pista de aterrizaje se encuentra en reparación.
Enterada de estas y otras anomalías, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, quiere evitar pagos excesivos —además del mantenimiento está el cobro por cada día que el Súper KingAir pasa en Long Beach— y posteriormente emprender acciones legales contra los responsables de ese y otros “contratos leoninos”.
El anterior director general, Antonio Avilés, renunció hace abril. Y media docena de mandos medios y superiores —entre ellos el titular del OIC— fueron despedidos. En espera de la ratificación quedó el director de Administración y Finanzas, Jesús Martínez Torres, quien reporta directamente a la Secretaría de Hacienda. El nuevo contralor de la paraestatal, Alfredo Saavedra Peimbert, ha recibido la encomienda de revisar la legislación vigente para aplicar las sanciones correspondientes a Koji Osuka, quien desde hace cinco años funge como director adjunto de ESSA por designación de Mitsubishi Corporation, el socio minoritario del Estado mexicano en la salinera.
Una acción que —en caso de ejecutarse— sería más iracunda que útil. Y que tiene un antecedente ominoso. En el 2015, el entonces director adjunto de ESSA, Takuya Hamaguchi Tagawa, fue requerido por la Dirección General Adjunta de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, para responder por presuntas irregularidades cometidas durante el periodo de Jorge Humberto López-Portillo. El funcionario japonés nunca respondió a los citatorios ni a los edictos. Tampoco la dependencia federal lo notificó por rotulón, como amenazó.
Públicamente, la secretaria de Economía se ha quejado por la indolencia de los socios minoritarios de ESSA. Osuka habría estampado su firma en la autorización para el reacondicionamiento de la aeronave.
Detrás de las discrepancias sobre cuestiones administrativas, está el modelo de negocios y la operación de la empresa, que tiene ventas anuales por 5,000 millones de dólares. Mitsubishi tiene derecho de exclusividad sobre la producción de ESSA desde 1973, cuando adquirió el 49% de las acciones de la empresa.
Antes de que concluya este mes, deberá sesionar el Consejo de Administración de la empresa. La secretaria de Economía y el nuevo director general, Gregorio Cavazos deberán resolver un cúmulo de asuntos heredados, pero de urgente resolución.
Principalmente, está pendiente de ratificar el convenio marco y el contrato de 6.6 millones de toneladas métricas de sal industrial para el 2021 con Mitsubishi.
Y también, las indemnizaciones reclamadas por tres comercializadoras de productos alimenticios con la que había contratos de suministro de sal, que fueron cancelados abruptamente. Por esos pasivos contingentes y otros juicios en curso está latente la amenaza es el embargo de las cuentas bancarias de la empresa.
Allí está, por ejemplo, el laudo laboral que obliga al pago de seis millones de pesos a una ex empleada de la paraestatal —cuya identidad queda reservada, por razones de seguridad— que combatió su despido injustificado hace cuatro años, cuando estaba el mexiquense Pedro Silvino Xavier Lazcano al frente de ESSA.
El entonces gerente de recursos humanos, David Villavicencio Montelongo, y la entonces supervisora de la gerencia jurídica, Karem Edith González Quiñones, se negaron a cubrir los dos millones de pesos reclamados por la quejosa inicialmente y mantienen su resistencia de cumplir con el mandamiento judicial. De la negación al desacato, apenas un paso.
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