Ni el peñanietismo aplicó tan pedestre criterio para, con artificios legaloides, imponer transexenales titulares de Energía o Pemex que aseguraran la hoy destartalada reforma energética
Con su característico sello marrullero, el lopezobradorismo en el Congreso perfila en la Cámara de Diputados la consumación del demencial acuerdo senatorial para estirar dos años más la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia que la Constitución mandata limitar a cuatro improrrogables.
Sus promotores arguyen que se trata de garantizar la aplicación de la reforma del Poder Judicial Federal impulsada por el ministro Arturo Zaldívar, cuyo silencio desde el jueves, cuando se conoció la marranada, parece confirmar que la idea no le repugna.
Ni el peñanietismo aplicó tan pedestre criterio para, con artificios legaloides, imponer transexenales titulares de Energía o Pemex que aseguraran la hoy destartalada reforma energética.
Es tan aberrante dinamitar la división de poderes que uno de los diputados más comprometidos con la 4T, Pablo Gómez, tuiteó: “Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora”.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial, “reiterando su convicción en el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales, a la democracia deliberativa y a las formalidades del procedimiento parlamentario, hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional”.
Este fraude a la ley rebasa las fronteras: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a “garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos”.
Y la Barra Mexicana Colegio de Abogados advirtió que el bochornoso asunto “entra en colisión directa” con los artículos 97 y 100 de la Constitución, “que no permiten a la legislación secundaria (en este caso la Ley del Poder Judicial) una extensión de los mandatos como la que se pretende. Por ello, ante la evidencia de lo anterior, se solicita a la Cámara de Diputados, dentro del ejercicio soberano de sus atribuciones constitucionales, y respetando el proceso legislativo, rechace tal decisión atendiendo a los argumentos y consideraciones constitucionales, haciendo prevalecer ante todo la Constitución que debe guardar y hacer guardar”.
Zaldívar Lelo de Larrea, quien al decirle a Ciro Gómez Leyva (Radio Fórmula, tercera semana de marzo) que es “amigo” de Andrés Manuel López Obrador estableció su impedimento legal para participar en cualquier procedimiento (amparo, controversias, acciones de inconstitucionalidad, quejas en la Judicatura) en que el jefe del Ejecutivo sea parte, el respaldo presidencial del viernes a su retención del poder en la Suprema Corte, lejos de honrarlo, le debe preocupar quedar como prospecto de incondicional devoto de un régimen autoritario.
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