El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que continuará defendiéndose ante el caso que consideró como una arbitrariedad
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, calificó como “fantasiosas” las imputaciones que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hiciera por la compra de departamentos, presuntamente hecha con recursos de posible procedencia ilícita.
En un video compartido a través de su cuenta de Twitter, el mandatario tamaulipeco fijó su postura a través de seis puntos en los que rechazó las imputaciones.
García Cabeza de Vaca aseguró que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) se basa en la compra de un departamento, misma que fue reportado en sus declaraciones patrimoniales.
Lamentó que Nieto Castillo expusiera información que no guarda vinculación con el caso.
“Pero aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas”, señaló.
El gobernador resaltó que la UIF reconoció que él no tiene relación con el crimen organizado.
“Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención”, dijo.
Apuntó que durante la audiencia se probó que la imputación está basada en una página de internet y no de una fuente de seguridad de carácter internacional.
“En la audiencia, quedó claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas las fantasiosas imputaciones, ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad”, aseguró.
En tercer lugar, pidió que se desechen las especulaciones vertidas por Santiago Nieto por consideraras ilegales y que no están relacionadas con materia de la solicitud que presentó la Fiscalía General de la República.
Aseguró que su caso tuvo una falta al debido proceso al difundirse de forma pública datos que faltan a la verdad y acusó el manejo arbitrario del caso en comparación con la de otras líneas de trabajo de la UIF.
Acusó que Santiago Nieto fue extralimitándose en sus atribuciones y que esto comprueba que su caso es una embestida política.
“Se trata de una embestida política con fines electorales y a un linchamiento mediático para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en nuestro país”, aseguró.
Además, señaló que la realización de la audiencia pública vulneró principios como los derechos humanos, la presunción de inocencia y privacidad.
“Debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros”, señaló.
Finalmente, el gobernador aseguró que continuará defendiéndose ante el caso que consideró como una arbitrariedad.
Con información de López-Dóriga Digital
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