Ricardo Monreal decidió correr el riesgo de enfrentar a los poderes fácticos, como en 2006. Entonces, AMLO reclamó a los medios electrónicos haber traicionado la voluntad popular y apoyar al establishment. Ahora, el líder de la mayoría morenista en el Senado de la República insiste en defender la libertad de expresión y regular las redes sociales
Ricardo Monreal decidió correr el riesgo de enfrentar a los poderes fácticos, como en 2006. Entonces, AMLO reclamó a los medios electrónicos haber traicionado la voluntad popular y apoyar al establishment. Ahora, el líder de la mayoría morenista en el Senado de la República insiste en defender la libertad de expresión y regular las redes sociales.
Twitter y Facebook serían los sujetos de la nueva regulación. Pero también están Instagram, YouTube, TikTok y un amplio listado de intermediarios digitales. Ninguno —de acuerdo a los expertos consultados— requieren autorización o concesión por parte del Estado mexicano, debido a que se tratan de software o aplicaciones OTT (Over The Top), en la Internet.
¿La World Wide Web es un sujeto obligado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿O más bien, el acceso a ese servicio que debería ser libre, no discriminatorio, sin filtros? La conexión, en México y en China, solo es posible a través de un operador.
Monreal abrió el debate y está dispuesto a recibir opiniones, antes de presentar formalmente su iniciativa. El principal problema —de acuerdo a los expertos— es entender que las redes sociales son aplicaciones desarrolladas por entes privados y cuya suscripción depende de la aceptación de las condiciones estipuladas en un contrato consensuado por los usuarios.
“Es como suscribirte a un club”, ejemplifica uno de los expertos consultados. Y la ley Monreal —como se le empieza a denominar a la propuesta del exgobernador de Zacatecas— podría pecar de extraterritorialidad.
La generación de contenidos ocurre en territorio mexicano, podría suponerse. Pero si los servidores están en otra nación, ¿quién tiene jurisdicción? Nada dice el borrador de Monreal, entregado a la opinión pública a mediados de la semana.
“Su propuesta tiene un problema de origen”, comenta uno de los expertos consultados, “asume que la interacción ocurre en el territorio nacional y no toma en cuenta aspectos técnicos esenciales. Al margen de esas carencias conceptuales, un club puede establecer sus reglas sin injerencia gubernamental y si exige que sus socios se atengan a ellas, ¿dónde está la censura?
La libertad de expresión, insiste Monreal. ¿Y la libertad de contratación y asociación? ¿Y el derecho a la propiedad privada? La extraterritorialidad y la falta de competencia. Los derechos del consumidor y los mecanismo de reclamo, además. El debate abierto por Monreal abre una agenda que quizá no resuelva el Legislativo en el corto plazo, pero que es necesario agotar.
Lo único que atina Monreal es al reconocimiento del auge de los intermediarios digitales, como los motores de búsqueda y las redes sociales, que modificaron profundamente el ecosistema mediático. La relación entre los agentes gubernamentales, las plataformas digitales y las grandes empresas de tecnología va más allá de los mecanismos actuales para la distribución de las noticias. Y la información y el entretenimiento, no son la misma cosa.
Históricamente, las organizaciones de medios de comunicación han derivado gran parte de su poder, rentabilidad e importancia social de su control sobre los canales de comunicación, ya sean impresos o de radiodifusión, y las audiencias masivas que acumulan en torno a su contenido, pero los motores de búsqueda y las redes sociales cambiaron drásticamente ese entorno.
Un mundo dominado por Televisa y TV Azteca no permitió que AMLO emergiera como líder político, pero Google y Facebook lo hicieron… hasta ahora. Las grandes organizaciones de medios de comunicación actualmente conviven —sin combatir— a los grandes intermediarios digitales mucho más grandes.
Efectos secundarios
Referencias. En Jalisco ya causan mal sabor de boca los comentarios que apuntan a que Luis Ernesto Munguía, diputado local de Movimiento Ciudadano, se pasó a Morena y además ya hizo su registro como precandidato para competir nada más y nada menos que por la alcaldía de Puerto Vallarta.
Tales versiones deberían ser anotadas por Mario Delgado, más aún al tomar en cuenta que habría obtenido la bendición de boca de José Narro Céspedes, delegado del partido en el estado que se ha visto empañado en últimas fechas tras las sospechas por establecer alianzas con Enrique Alfaro, mediante Salvador Llamas, quien se ha mantenido cerca del gobernador por lo menos desde 2010.
@aguirre_alberto
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