Negligente desaparición

La maloliente mezcla de personal sanitario, “servidores de la nación”, militares y llamadas telefónicas con la repentina exhortación al registro vía internet (con arranque de fracaso) para la aplicación de las vacunas, retrata el funesto comportamiento del gobierno de la 4T frente a la pandemia.

Atribuir los tumbos a dos o tres machuchones es tan sencillo de demostrar como difícil entender la desaparición e inacción de la instancia constitucional que debió siempre comandar una eficaz estrategia: el Consejo de Salubridad General.

El 19 de marzo del año pasado sesionó de manera presencial (con la grosera desatención de no convocar, entre otros, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México), y en el Diario Oficial publicó su decisión de “sancionar las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia…”, con el compromiso de constituirse “en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario”, cosa que por lo visto se dispuso.

Otras dos únicas sesiones (20 de abril y 13 de mayo) se realizaron después de manera virtual. Y nunca más.

Que los integrantes del Consejo de Salubridad General se reunieran un día después del primer muerto mexicano por el nuevo coronavirus tenía más que sentido: la expansiva y mortífera pandemia requería de una especie de cuartel general para decidir las mejores previsiones y acciones para enfrentar la peor amenaza global de que se tenga memoria.

Comprensiblemente, la ignorancia de cómo capotear la peste llevó a las autoridades a dar tumbos y al presidente López Obrador a depositar su confianza en el epidemiólogo Hugo López-Gatell para que encabezara una “estrategia” que resultó veleidosa, caprichosa y errada.

La relevancia del Consejo que no aconseja es de tal magnitud que lo integran: los secretarios federales de Salud, Hacienda, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Economía, Agricultura, Comunicaciones y Educación; los directores del IMSS, Issste y DIF; el rector de la UNAM, las academias mexicanas de Medicina y Cirugía; Sanidad Militar y Naval; Conacyt, Anuies; la Fundación Mexicana para la Salud; las secretarías estatales de Baja California, Tlaxcala, Campeche, Ciudad de México en representación de las regiones del país; Protección Civil, Pemex; la Academia Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Salud Pública; la Academia de Ciencias Farmacéuticas, la Asociación Nacional de Hospitales Privados; los colegios Médico de México y de Licenciados en Enfermería; el Consejo de Ética y Transparencia de la Cámara de la Industria Farmacéutica, la Canacintra y, como “invitados” la Secretaría de Salud de Sonora; las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud; Prestaciones Médicas del IMSS; los directores médico del Issste y el de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, y los directores de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Escuela Superior de Medicina del IPN.

¿A quiénes de ellos —o a todos— puede responsabilizarse del desastre que vivimos…?