Lo que ocurre con el Paquete Económico puede ser el mejor ejemplo de por qué la Alianza Federalista decidió separarse de la Conago
Lo que ocurre a partir de ahora con el Paquete Económico puede ser el mejor ejemplo de por qué un grupo de 10 gobernadores decidieron separarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para fundar una disidencia que sea más estridente frente al poder federal, aunque eso no garantice buenos resultados.
En un país sin equilibrio de poderes, como el México contemporáneo, lo que el Presidente proponga en el Paquete Económico es lo que al final su mayoría habrá de disponer. Y no todo lo que quiera López Obrador necesariamente está escrito en los ladrillos que ayer 8 de septiembre, entregó el secretario Arturo Herrera al Congreso.
De hecho, el único margen de modificaciones que tiene el Paquete Económico es aquel que permite el juego del policía bueno y el policía malo. Puede el gobierno federal dejar margen para que sean sus diputados y senadores los que se encarguen del trabajo sucio de proponer las medidas más impopulares que se necesiten en materia de ingreso y gasto.
De ahí en fuera, será muy difícil que puedan escuchar y permitir a la oposición hacer propuestas de modificaciones tributarias o de destino del gasto programable.
La Alianza Federalista es un grupo de gobernadores de varios partidos, pero no deja de tener la coincidencia que se anuncia su separación de la Conago justo cuando se cumplen dos fechas: el inicio del proceso electoral y el inicio de las discusiones presupuestales.
Por la parte electoral no hay duda que aspiran a convertirse en una voz disidente del monólogo presidencial que se ha instaurado en México. No se escucha otra voz que la de López Obrador y quieren hacerse escuchar.
Y en materia presupuestal sin duda quieren más recursos. No solo mayores partidas presupuestales en el Paquete Económico del 2021, sino dar forma a un nuevo Pacto Fiscal que reconozca el nivel de contribución de los estados más productivos del país.
La discusión no superada en décadas ha sido sobre la suerte que correrían las economías estatales menos desarrolladas si las partidas a los estados fueran en función solamente de los ingresos que reportan a la federación.
Hoy, más allá de esa cuestión esencial, México enfrenta el problema de la centralización del gasto. La concentración de poder que ha llevado a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador está sostenida en la disponibilidad de recursos públicos para sus programas asistencialistas.
Claro, los proyectos faraónicos, como Dos Bocas, Santa Lucía o el Tren Maya, son decisiones unilaterales, costosas e inútiles que cuestan mucho dinero. Pero el verdadero eje de la 4T está sustentado en la dispersión de miles de millones de pesos a través de sus programas asistencialistas que garanticen gratitud y obediencia al poder central de Palacio Nacional.
Y ante eso, no hay Conferencia o Alianza que pueda oponerse, porque simplemente no hay las mayorías en el Congreso para revivir el contrapeso del poder de sexenios anteriores.
Evidentemente que entrando en año electoral es previsible un enfoque presupuestal para conservar esa mayoría. Aun dentro de la realidad de un presupuesto que tiene que ser acotado por la crisis económica, lo poco que haya tenderá a servir a la causa de la 4T. Contra eso, no hay oposición que alcance.
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