La Secretaría de Hacienda ya puede tener una visión revisada de qué esperar para la economía el resto del año y en especial para el 2021
Con los datos que el Inegi publicó hoy sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), con cifras definitivas del segundo trimestre, la Secretaría de Hacienda ya puede tener una visión revisada de qué esperar para la economía el resto del año y en especial para el 2021.
Sobre todo, porque está a unos días de tener que presentar el paquete económico para el próximo año, con todo la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, y todo debe estar sustentado en unos criterios económicos que le permitan suponer cuánto podrán recaudar y así saber cuánto pueden gastar.
Y en medio de este panorama de crisis económica, surge la duda de cómo la 4T quiere seguir cargando con ese gran lastre en el que se ha convertido Petróleos Mexicanos.
Si en el pasado Pemex era el motor económico de México, hoy le pesa a la economía a niveles preocupantes. Sobre todo, porque la actual administración ha puesto la ideología presidencial por encima de la lógica. La condena de Pemex es el sueño de López Obrador de regresarla a ser una empresa monopólica del Estado, antes que permitir el resurgimiento del sector energético con capitales privados.
Nadie esperaba que ese amor al pasado implicara también regresar a los niveles de producción de petróleo de los 70, lo cual es una muy mala noticia para la empresa petrolera más endeudada del mundo.
Olvídense de la risa que deben tener los árabes que vieron como la secretaria de Energía, Rocío Nahle, boicoteaba un acuerdo mundial con aquello de que México no reduciría su producción y hoy la producción se derrumba sin necesidad de un pacto global.
Lo preocupante es que Pemex es, como dicen los estadounidenses, too big to fail. El problema es que la estrategia elegida por la 4T para rescatar a la petrolera puede arrastrar las finanzas públicas del país.
La salida lógica para tratar de salvar algo del negocio petrolero mexicano tendría que pasar necesariamente por los capitales privados, esos a los que el gobierno de López Obrador les ha cerrado la puerta en las narices.
Lejos de conciliar con los inversionistas extranjeros y buscar atraer capitales para salvar al sector energético, este gobierno ha emprendido una campaña para satanizar la reforma energética que permite su participación.
Pemex ha perdido la capacidad de extraer petróleo, le quedan pocos recursos disponibles para proyectos productivos que no sean la faraónica e inútil refinería en la tierra del presidente y el gobierno ha decidido abrir la cartera para tratar de mantener a flote las operaciones de la petrolera.
Pero las finanzas públicas están comprometidas por la caída en los ingresos. Hay una caída en la recaudación y las presiones de gasto son muy fuertes por los programas asistencialistas del gobierno.
Así que, además de conocer los criterios sobre los cuales habrá de planear el gobierno federal sus ingresos y sus gastos, hay que ver qué enfoque le da al rescate de Pemex con recursos públicos, porque está a punto de convertirse en un muy serio problema para la estabilidad financiera del país.
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