Amnistía Internacional expresó su preocupación por tres mujeres a quienes se les inició un proceso penal en Guanajuato tras participar en una manifestación
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este martes al Gobierno de Guanajuato no criminalizar a quienes protestan para defender los derechos humanos, pues aseguró que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica.
En un comunicado, AI expresó su preocupación por la situación que enfrentan Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, a quienes se les sigue un proceso penal tras haber participado en una manifestación pacífica el pasado 10 de julio.
“El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho”, declaró Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional México.
De acuerdo con la organización, las manifestantes, que son familiares de personas desaparecidas, buscaban una audiencia con el gobernador Diego Sinuhe Rodríguez para tratar la grave problemática de desaparición de personas que prevalece en esa entidad pero fueron detenidas junto con un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la CNDH y la Organización de las Naciones Unidas, en la detención de esas personas las autoridades hicieron “uso excesivo de la fuerza” pues se agredió físicamente a los manifestantes e, incluso, se lesionó a una de ellas.
Las cuatro detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común, y posteriormente las liberaron bajo las reservas de la ley.
Reneaum Panszi pidió al Gobierno de Guanajuato llevar a cabo una investigación “amplia, clara y expedita” de los hechos ocurridos, para que se sancione a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación.
Y aseguró que, desde la perspectiva de Amnistía Internacional, los Estados deben abstenerse de recurrir al sistema de justicia para tratar de impedir o penalizar las actividades legítimas de reclamo, reivindicación y defensa de los derechos humanos.
Señaló que, por el contrario, se deben tomar las medidas necesarias para que “no se sometan a juicios infundados o injustos” a personas que reclaman legítimamente el respeto y protección de derechos humanos.
En un informe actualizado a julio, la Secretaría de Gobernación señaló que desde 1964 hasta la fecha en México hay 73 mil 201 personas desaparecidas y 3 mil 978 fosas clandestinas.
En el informe se precisó que, de ese total, mil 523 personas corresponden a años anteriores a 2006, mientras que 71 mil 678 han desaparecido en los últimos 14 años.
Con información de EFE
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