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Han pasado dos meses de la expiración del interinato de Alfonso Ramírez Cuéllar en el partido oficialista. Y quedan otras tres semanas para que sea electa la nueva dirigencia, según el mandato judicial que irremediablemente definirá el destino del partido-movimiento.

Pero el pasado 31 de julio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia revocó la convocatoria al Congreso Nacional y 72 horas después, el CEN interino emitió una nueva, cuyos plazos y formatos no podrán cumplirse, mientras persista la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El plazo fatal vence el próximo lunes 31 de agosto y para no incurrir en desacato, la directiva provisional emitió una nueva convocatoria para el Congreso Nacional electivo, dentro de dos semanas. Previamente, tendrían que elegirse los delegados a ese cónclave en los 300 distritos electorales pero las disposiciones sanitarias impiden reuniones masivas, por lo que el evento ya se da por cancelado…

Ramírez Cuéllar quedaría al frente de Morena mientras siga el semáforo epidemiológico en naranja… A menos que nuevamente algún militante de la organización acuda al Tribunal Electoral para insistir en el cumplimiento del Estatuto partidista y las sentencias del Tribunal Electoral. Una –que data de hace 10 meses– establece que mientras no exista un padrón confiable, la renovación era improcedente.

Los magistrados electorales concedieron un plazo de 90 días al CEN –que entonces encabezaba Yeidckol Polevnsky– para depurar el padrón. En sesión extraordinaria, los consejeros partidistas decidieron nombrar al presidente interino y cumplir con el mandato judicial, que no es otro que concluir con la elección de la nueva directiva a más tardar el 26 de mayo. El presidente y el secretario general, definieron, tendrían que ser seleccionados mediante una encuesta abierta.

Agotados los plazos y sin que Ramírez Cuéllar hubiera convocado a la nueva elección, Oswaldo Alfaro Montoya –en su calidad de militante fundador del partido– nuevamente acudió ante el Tribunal Electoral para promover un incidente de inejecución de sentencia, que el pasado miércoles 5 fue resuelto por los magistrados de la Sala Superior.

Desde el año pasado, Alfaro Montoya acudió al órgano jurisdiccional para reclamar el derecho de los morenistas a elegir democráticamente a sus dirigentes. Entonces era secretario de Estudios y Proyectos del CEN partidista y las facciones ultras de la organización lo identifican –junto con Norman F. Pearl, exintegrante de la CBHJ– como operador de Polevnsky.

Ante el incumplimiento de la sentencia al SUP-JDC-1573/2019, los magistrados electorales determinaron el pasado miércoles 5 dar vista a la Comisión de Honestidad y Justicia, para que inquiera a la actual directiva, por sus deliberadas omisiones.

En vez de eso, la CNHJ abrió un proceso sancionador contra Alfaro Montoya. Anteriormente ya había suspendido a Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien también ha presentado quejas ante el Tribunal Electoral por la no elección en Morena.

“De no realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo la elección de dirigentes se violenta la legalidad interna del partido y la normatividad político electoral, lo que puede poner en riesgo la participación de Morena en los próximos procesos electorales, toda vez que los procesos internos pueden ser impugnados por nuestros adversarios, en este sentido hago responsable al Comité Ejecutivo Nacional, al Consejo Nacional y a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de lo que pueda suceder”, insistió Alfaro Montoya.

La suerte de Morena, en manos de los magistrados electorales. Los demandantes de una interna –Alfaro, Rojas y el coordinador de los diputados federales morenistas, Mario Delgado Carrillo, entre los más conspicuos– insisten en la remoción de Ramírez Cuéllar y los ocho integrantes del CEN designados por el Consejo Nacional, hace seis meses.

Alfaro y Pearl consideran que ante la imposibilidad material de realizar asambleas electivas – por la pandemia y la inexistencia de un padrón confiable, no obstante que pudo haberse depurado on line con el apoyo del INE– podría optarse por la insaculación de los delegados al Congreso Nacional y cumplir con el cronograma establecido por el Tribunal Electoral.

Ante la imposibilidad del voto directo, la insaculación entre la membresía partidista. O la ratificación de los delegados electos en octubre del 2019, como sugirió la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Elena Luján, quien al igual de Delgado Carrillo, busca encabezar la dirigencia nacional. Pero el Tribunal Electoral ya invalidó esas elecciones internas.

El pasado jueves 6, un centenar de legisladores de Morena emitieron un pronunciamiento para respaldar la convocatoria emitida por el CEN de Ramírez Cuéllar, repudiar la injerencia de los magistrados electorales, descartar la aplicación de una encuesta para seleccionar a la nueva directiva, y evitar la judicialización de la vida interna. Esta última petición, en estricto sentido, fue desatendida por una facción partidista.

Y es que desde hace una semana, en el Tribunal Electoral se acumularon una veintena de demandas de juicios para la protección de los derechos políticos. Entre los quejosos están Alfaro, Rojas Díaz-Durán y Yeidckol Polevnsky.