Aduanas, puertos y Constitución

En su adiós, Javier Jiménez Espriú le razonó al Presidente la causa de su dimisión a la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: “El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes. Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político…”.

Afectuoso y agradecido, tuvo la gentileza de no fundamentar su despedida con un detalle que pusiera en duda su fineza, transcribiendo el artículo 129 de la Constitución que su ex jefe prometió cumplir y hacer cumplir: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Desde los tres siglos coloniales la corrupción permeó en los usos y costumbres de la administración pública. Actualmente, en las aduanas y puertos (los aéreos también) es una práctica tan común que, comprensiblemente apoyada, pero no dirigida por los militares, se impone una drástica terapia de choque.

Esos puestos de control (70 por ciento del PIB nacional está indexado a las operaciones de comercio internacional) fueron las minas de oro con que se atemperaron los apetitos de generales voraces al término de la Revolución. Premios rotatorios que se repartían a discreción hasta que, en 1970, la SCT se hizo cargo de su manejo.

La conjunción de avidez por el dinero fácil que se da en el servicio público civil para tomarlo de corruptores individuales y empresariales que importan o exportan infinidad de productos, mezclada con la disyuntiva plata o plomo que impone la delincuencia organizada, da como resultado que la mayor parte de las 117 aduanas y 49 puertos marítimos de México sean virtuales coladeras de ilegalidades, tanto en entrada y salida de mercancías, incluidas armas y drogas, como por evasión de impuestos.

Son ahora, respectivamente, 49 aduanas y 17 puertos marítimos lo que pondrá en manos del Ejército y la Marina Armada, instituciones que gozan de respeto social, pero cuya utilización en funciones distintas a las de su naturaleza y constitucionalidad (construir y habilitar la Guardia Nacional, seleccionar y contratar choferes de pipas en el tema del huachicol, edificar las sucursales del Banco del Bienestar) las pone en riesgo de corromperse, ahora con lo que por centurias ha sido el gran botín…