El asesinato de Giovanni ocurrió hace un mes, pero el gobierno federal reaccionó con inusitado interés hasta ayer, exigiendo cuentas a las “autoridades estatales”, aun cuando el crimen se produjo en Ixtlahuacán de Los Membrillos
El Caso Giovanni, en Jalisco, no es abuso de autoridad, es asesinato: uno más a la cuenta de la inseguridad galopante en el país, donde matan a alguien cada 15 minutos, y donde se registraron 11 mil 535 crímenes en los primeros cuatro meses de este año.
De ahí que llame la atención el extraordinario ímpetu de la secretaria de Gobernación para interesarse en el tema: “Estamos en contacto con las autoridades estatales y las exhortamos a que la familia y la sociedad tengan una respuesta inmediata”.
El hecho de tratarse de un estado que gobierna la oposición, parece haber acelerado los reflejos en una funcionaria que, por lo único que había trascendido en su jornada laboral de ayer, fue porque dijo que es inmune al COVID-19 por tomar concentrado de limón.
Al final de la tarde, la indignación por el Caso Giovanni había incendiado la pradera en Guadalajara, con manifestaciones enardecidas que quemaron patrullas y rompieron uno de los accesos de Palacio de Gobierno.
El asesinato de Giovanni ocurrió hace un mes, pero el gobierno federal reaccionó con inusitado interés hasta ayer, exigiendo cuentas a las “autoridades estatales”, aun cuando el crimen se produjo en Ixtlahuacán de Los Membrillos.
Es un municipio gobernado por el PRI. Sin embargo, con la conveniente escalada del caso a indignación nacional, el exhorto de Segob es, sintomáticamente, a uno de los gobernadores de la oposición que con más firmeza se enfrenta a Palacio Nacional.
Dejando claro que el Caso Giovanni tiene que ser esclarecido cuanto antes (y sus responsables puestos a disposición de la ley), sería deseable que el gobierno federal mostrase el mismo ardor para atender la criminalidad imperante en todo el país.
Y sin justificaciones, como la de la propia titular de Segob, quien consideró que la megamarcha de las mujeres contra la violencia el ocho de marzo “no fue contra el gobierno”, sino porque “estaban enojadas por la crudeza de la violencia que han padecido por años”.
Mientras su jefe consideró que en aquella megamarcha estaba “la derecha metida, que a veces promueve estos movimientos en contra de los movimientos progresistas”. Podrán decir lo que quierran, pero en mayo mataron a 267 mujeres en México.
Así que lo menos que debería hacer el gobierno federal es politizar el Caso Giovanni, aprovechando que se registró en un estado gobernado por la opsoción más combativa, y que según las encuestas no es un estado donde tenga simpatías Morena.
No saldra nada bueno si incedian Jalisco para sacar raja política, cuando el mes pasado cerró como el quinto mes más violento del país desde que asumió este gobierno en diciembre de 2018. Y en nada ayudará.
A nadie, eh.
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