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Seguro que no cayó muy bien entre los más duros de la 4T ese guiño que hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a los gobiernos anteriores por haber dotado a las finanzas públicas de un blindaje que se ha fortalecido desde los tiempos de Ernesto Zedillo hasta nuestros días.

Pero es cierto. Tener una política responsable en materia de finanzas públicas le ha permitido a este país, por ejemplo, hacer que una generación completa no tenga ni idea de lo que significa tener inflaciones altas. Los créditos al consumo, por ejemplo, los hipotecarios, que eran un sueño inalcanzable en los años 80 o 90, hoy los damos por hecho.

Y cuando la economía mexicana ha tenido decrecimientos por causas externas, como las recesiones de principios de siglo por los ataques terroristas en contra de Estados Unidos o la gran recesión mundial del 2009, siempre ha habido las condiciones de solidez financiera para financiar la recuperación.

Lo mejor de lo que dice el secretario Herrera no es el reconocimiento a esas autoridades fiscales del pasado, sino el hecho de que con ello refrenda que ése es el camino que pretende seguir en estos tiempos de enorme turbulencia mundial.

Claro que debe ser un estorbo para sus planes de preservar la estabilidad financiera el hecho de que la economía mexicana está estancada. México perdió la gran oportunidad de crecer durante el 2019 cuando el mundo vivía en paz y ahora con el mundo en ebullición, las posibilidades son menores.

Pero también deben ser de preocupación mayúscula que la prioridad de este gobierno sea tener enormes transferencias de recursos públicos a sus planes asistencialistas, sin tener el respaldo de financiamiento garantizado.

Elevarlo a rango constitucional puede ser tanto como aumentar la letra muerta de la Carta Magna, que de origen contiene garantías individuales en materia de bienestar que no se cumplen.

Porque en el espíritu del constituyente de 1917 había esa conciencia de garantizar educación, salud y vivienda. Sin embargo, las condiciones económicas han hecho imposible cumplir con esa obligación.

El verdadero problema es que no haya la conciencia de que sin financiamiento sano a estos planes y con el empeño de gastar esos recursos a como dé lugar, pueden acabar con esta estabilidad construida desde los años 90 en poco tiempo.

Puede el presidente pintarles una letra escarlata a sus opositores que no respaldaron los cambios constitucionales para hacer obligatorios sus programas de trasferencia asistencialista. Pero al final, cuando no se tengan los recursos necesarios para su financiamiento, esa gráfica de la mañanera puede darse la vuelta y convertirse en la evidencia contraria, de los que quizá veían un riesgo financiero inminente.

Por lo pronto, la promesa del secretario Herrera y del propio presidente López Obrador es una: preservar la salud de las finanzas públicas, aun en estos momentos de terrible turbulencia mundial y con inevitables consecuencias económicas para el mundo entero.