Programa para la inversión

El Presidente ha integrado un grupo de trabajo para la inversión y el crecimiento en el contexto de la ratificación del T-MEC. Los trabajos serán coordinados por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. La decisión es correcta: dar prioridad a la inversión y llevar al nivel de la Presidencia de la República los trabajos para que todas las secretarías y dependencias del gobierno federal se incorporen al esfuerzo de promover la participación del sector privado. Las cifras del Inegi sobre el crecimiento obligan a todos y más al gobierno y empresarios a tal empeño.

El tema de la inversión adquiere para cualquier gobierno la mayor importancia. México es un país con enorme potencial y ventajas múltiples, pero la inversión se mueve por incentivos en un entorno mundial en que se compite para retener y atraer capitales. En la actual circunstancia, a la estabilidad macroeconómica nuestra se le agregan las perspectivas de la economía internacional y el inicio del nuevo acuerdo comercial.

El perfil del coordinador del gabinete para la inversión y el crecimiento económico, Alfonso Romo, es el idóneo por su experiencia, trayectoria y proximidad con el Presidente y el sector empresarial. Resulta importante unificar criterios de las diversas dependencias para un solo propósito, por lo que es un acierto que sea la Oficina de la Presidencia la que tenga la responsabilidad de la coordinación.

En el pasado reciente, se han tomado decisiones que han afectado la confianza de los inversionistas. El ascendiente respaldo que tiene el Presidente con el conjunto de la población no se reproduce en el sector inversionista. Se ha hecho un esfuerzo de acercamiento con los empresarios y sus organizaciones; sin embargo, no se han presentado los resultados esperados porque los proyectos de inversión no resultan solo del encuentro y diálogo, sino de las decisiones que se toman en el gobierno.

A los empresarios y particularmente a sus dirigentes les ha faltado claridad para exponer al Presidente sus preocupaciones. Seguramente que el afán de una relación productiva y positiva les ha inhibido a presentar temas incómodos. Por ejemplo, el burocratismo de ciertas dependencias o la discrecionalidad con la que operan unidades del gobierno que tienen que ver con la supervisión de operaciones financieras, la amenaza por el unilateral congelamiento de cuentas y la nueva política en materia fiscal generan incertidumbre.

La confianza que el Presidente abriga en sus proyectos de inversión en infraestructura no es correspondida por el sector empresarial. Hay duda sobre la concurrencia operativa entre el aeropuerto de Santa Lucía y el Benito Juárez de Ciudad de México. Además, lo que se esperaba era un gran hub nacional e internacional y no la dispersión del tráfico en varios aeropuertos. La refinería de Dos Bocas también presenta reservas, y todavía más la rentabilidad del Tren Maya. El gobierno no ha realizado un esfuerzo eficaz para convencer sobre estas obras. No hay suficiente respaldo con estudios técnicos que den fundamento a la excesiva confianza que el Presidente tiene en ellos.

No obstante, existe una muy buena oportunidad con la presentación del programa de inversión del sector energético. Como ha reconocido el Presidente, no hay recursos públicos para la exploración en aguas profundas y su eventual explotación. Esta tarea la pueden realizar los particulares. Es cierto, el Presidente ha expresado su malestar porque para él los particulares no han cumplido con la expectativa planteada por la reforma energética. El tema debe revisarse, pero no para cerrar la puerta a la inversión privada, sino para asegurar que su presencia atienda la esperanza que funda su presencia.

El crecimiento económico es fundamental para el país, porque es lo que puede generar bienestar duradero a las personas. Su deterioro afecta los supuestos de política económica y social del actual gobierno. Sin crecimiento, además del perjuicio social que implica especialmente por la vía del empleo, las finanzas públicas estarían sujetas a una permanente presión por la baja en la recaudación, lo que a su vez llevaría a recortes en el gasto más allá de lo conocido y que ha afectado la calidad de gobierno y a varios programas públicos que tienen que ver con la mejora en los niveles de vida de la población.

Por eso la prioridad de dar impulso al crecimiento es de la mayor urgencia. Es un acierto que el Presidente lo atienda, pero también son necesarias las decisiones políticas que abran las oportunidades a la inversión privada y desde luego las condiciones que den certeza a los derechos de los particulares y de las empresas.

En este entorno, una de las tareas que deben realizar los representantes del sector empresarial a manera no solo de defender sus intereses, sino de contribuir al engrandecimiento del país, es la de asistir al Presidente para lograr que decisiones claves, como la que ahora se toma, sirvan para el objetivo que las alienta, que haya crecimiento y bienestar social.