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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó su Índice de Competitividad Internacional la semana pasada y destacó que México es un país bastante desigual; muchos mexicanos tienen pocas oportunidades de progresar sin importar que tanto se esfuercen.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1% más acaudalado de la población mexicana posee una tercera parte de la riqueza nacional, mientras que el 10% más rico posee dos terceras partes de los activos totales. Si únicamente consideramos el dinero en cuentas bancarias y activos financieros, el 80% de la riqueza nacional está en manos del 10% más rico.

El IMCO también señaló que la desigualdad en el ingreso es la primera barrera a vencer, más no la única. En México el acceso a los servicios de salud está condicionado por el lugar donde viven las personas. En el norte del país, 5 de cada 10 personas tienen acceso a instituciones de salud públicas o privadas, en la Ciudad de México son 4 de cada 10, en otras entidades del centro son 3 de cada 10 y en el sur únicamente 2 de cada 10 personas tienen este acceso.

La desigualdad entre el norte y el sur es aún peor, porque en el sur también hay menos recursos, lo que suele traducirse en menos doctores, menos medicinas y menos camas de hospital por persona.

La realidad es fría y a veces dura. Es importante dar acceso universal a servicios básicos para todos los mexicanos, pero el acceso universal no significa calidad en el servicio. Por ejemplo, en los últimos 14 años (2005-2019) el número de derechohabientes a servicios de salud creció 42% en México, mientras que el presupuesto aumentó sólo 19% en términos reales. Esto significa que el gasto promedio por derechohabiente se ha reducido, afectando la calidad en el servicio.

El acceso y la calidad en la educación también pueden incrementar la desigualdad, especialmente desde una etapa temprana en la que se desarrollan habilidades que ayudan al aprovechamiento de etapas posteriores. El aprendizaje más importante se obtiene en los primeros tres o cuatro años de vida, sin embargo, en México existe un gran nivel de desigualdad en el acceso educativo durante esta etapa. Por ello, una de las principales recomendaciones del IMCO es “priorizar la educación inicial y el preescolar por su impacto en eficiencia y equidad”.

En el resto de los niveles educativos también existe un acceso desigual. Los habitantes de la Ciudad de México estudian 11 años en promedio, el equivalente a estudiar hasta la preparatoria sin acabarla; mientras que los habitantes de Chiapas estudian en promedio 7.4 años, menos de los requeridos para acabar la secundaria.

A lo anterior debemos agregar que 46.5% de las escuelas en zonas de alta y muy alta marginación son multigrado. Esto significa que un profesor debe atender al mismo tiempo a alumnos de diferentes grados escolares, reduciéndose significativamente el nivel de la enseñanza. En cambio, en las zonas de baja y muy baja marginación, sólo 10.5% de las escuelas son multigrado.

La educación es una de las principales causas de desigualdad, pobreza e injusticia en México. 70% de los reclusos son jóvenes con bajo nivel educativo, que cometieron el delito de robo, provienen de ambientes precarios y cuentan con pocas oportunidades de desarrollo.

El acceso a la justicia en México también es desigual. Las personas con menos recursos no cuentan con acceso a una buena defensa legal, ni tienen dinero suficiente para pagar trámites, traslados a oficinas gubernamentales o traductores (si no hablan español). Tampoco reciben un trato igual en la atención, pues existe una discriminación sistemática.

Otra de las cosas que destacó el IMCO fue la poca efectividad del gasto gubernamental para reducir la desigualdad en México, lo cual queda expuesto en los resultados del índice de Gini. Este índice mide el nivel de desigualdad en los países, a los que se les asigna un valor entre cero y uno, donde cero es una sociedad totalmente igualitaria y uno es un país donde el dinero y los activos son concentrados por una sola persona.

La desigualdad en México es muy similar al promedio de la OCDE, si se mide el índice de Gini antes de que el gobierno realice transferencias y subsidios. En nuestro país es de 0.47 y el promedio de los países de la OCDE es de 0.48, por lo que México incluso registra menor desigualdad. El problema es cuando se mide este índice después de que el gobierno realizó las transferencias. En este segundo caso, la calificación de México pasa de 0.47 a 0.46, es decir, casi no mejora la desigualdad. En cambio, en el promedio de países de la OCDE, el índice pasa de 0.48 a 0.34, lo cual refleja un gasto gubernamental mucho más efectivo que el de México para reducir la desigualdad.

Es importante recordar que las transferencias monetarias compensan el ingreso, pero no sustituyen servicios básicos para el bienestar de la gente. Los mexicanos de bajos ingresos tienen que hacer gastos adicionales por su reducido acceso a servicios de salud, agua, educación, movilidad, entre otros.

Manuel Molano, Director General del IMCO, hizo una propuesta interesante durante la presentación del Índice de Competitividad Internacional: adoptar la estrategia de varias economías desarrolladas y financiar servicios básicos de mayor calidad mediante el Impuesto al Valor Agregado. Muchos políticos argumentan que aumentar el IVA pega a quienes menos tienen, no obstante, lo que verdaderamente les pega es la falta de competencia, pues ésta provoca que quienes menos tienen paguen el doble y hasta el triple del precio en productos básicos como carnes, lácteos, frutas, verduras, etcétera.

Mejor concentrémonos en evitar prácticas monopólicas; en aumentar la competencia para beneficiar a la gente con menores ingresos e igualar oportunidades a través de una mejor educación, servicios de salud, movilidad, vivienda y Estado de derecho. Podríamos financiar estos rubros con un aumento al IVA.

La falta de oportunidades propicia el estancamiento económico y político, además de la inestabilidad, la inseguridad, entre otros problemas. La desigualdad de oportunidades no es el único reto de nuestro país, pero sí es uno de los más graves y urgentes.

Transitemos hacia una economía de mercado más solidaria, incluyente y sostenible hasta lograr una verdadera igualdad de oportunidades para todos.

Texto publicado en El Universal