Empiezan a aparecer algunos de los peores presagios sobre la intolerancia y el autoritarismo de las fuerzas políticas que derribaron a Evo Morales en Bolivia.
Empiezan a aparecer algunos de los peores presagios sobre la intolerancia y el autoritarismo de las fuerzas políticas que derribaron a Evo Morales en Bolivia.
La nota más grave es el decreto del 15 de noviembre pasado mediante el cual la presidenta interina, Jeanine Áñez, autoriza al ejército a emplear “todos los medios disponibles y los que puedan ser adquiridos para garantizar el bienestar, la seguridad y protección de la ciudadanía” (MILENIO, 17/11/19).
El trasfondo violento de esta licencia no pasó desapercibido para la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuya oficina advirtió en un boletín el 16 de noviembre que la situación boliviana podía “salirse de control”.
“Tenemos información”, dice el boletín, “de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 en los últimos seis días”, es decir, en los días en que Evo Morales ya no estaba en el gobierno.
Entre esos muertos había tres cocaleros de la región de Cochabamba, partidarios de Evo, que tenían tiros en la nuca. Los evistas acusaron de las ejecuciones al gobierno y el gobierno respondió con una versión siniestra de los hechos que ayuda muy poco a su credibilidad. Dijeron que los propios evistas habían disparado por la espalda contra sus compañeros. (MILENIO, ibidem).
El hecho es que las movilizaciones siguen y la negociación entre las fuerzas enfrentadas brilla por su ausencia.
En nada de esto hay inocencia o neutralidad de parte del ex presidente boliviano en México, ni de sus partidarios en Bolivia. Por el contrario, desde México Evo Morales parece perfilar un bien pensado esquema de resistencia que tiene al menos dos piezas fuertes.
La primera es mantener la protesta en la calle lo más que pueda, poniendo el costo de la violencia en el gobierno.
La segunda es impedir que su mayoría en el Congreso participe en la normalización política del país, colaborando, por ejemplo, a emitir la convocatoria de nuevas elecciones, asunto que despresurizaría la crisis y permitiría al gobierno interino intentar lo único que podría dar a Bolivia, hoy por hoy, una salida no violenta: la salida de los votos. Mientras, los muertos crecen y el ejército tiene licencia para disparar.
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