“Jaime Bonilla y el fracaso del federalismo electoral”, con este título inauguraron Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes el blog sobre federalismo
“Jaime Bonilla y el fracaso del federalismo electoral”, con este título inauguraron Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes el blog sobre federalismo, Pacto federal, que ha puesto en línea la revista Nexos, de cara al panorama de disputas federalistas que se ciernen sobre el país (https://bit.ly/33mJwHU).
Los autores se asoman al carnaval de la llamada ley Bonilla, que intenta volver de cinco años una elección pactada para dos. Se toman el trabajo de describir con precisión lo que la mayoría de los críticos damos por sentado: en qué consiste el atentado constitucional de la ley Bonilla y cómo se llegó a él, paso por paso.
“El caso evidencia los problemas, quizá el fracaso, de nuestro federalismo electoral”, dicen los autores. “Casi todas las garantías (políticas y judiciales) del sistema federal han fallado”. Todas las instancias institucionales han sido hábil o toscamente burladas y una iniciativa sin pies ni cabeza, que fue recibida en su momento como un chiste, está hoy a las puertas de la Suprema Corte.
Lo que la Suprema Corte debe decidir ahora es si un Congreso estatal, o para el caso cualquier Congreso, puede extender el tiempo de un cargo de elección popular después de sucedidas las elecciones.
Quien crea que el asunto es de obvia y simple resolución jurídica, está en lo correcto. Quien piense que es una solución políticamente neutra o de bajo costo, se equivoca.
El fallo de la Corte contra la ley Bonilla equivale a la descalificación de todas y cada una de las instancias que han intervenido en la creación del esperpento. Vale decir: el Congreso de Baja California y todos sus partidos, el Tribunal Electoral local y el federal; el Poder Ejecutivo saliente y el entrante de Baja California, así como las autoridades del gobierno federal, señaladamente la secretaria de Gobernación y el Presidente, que consintieron la evolución de este despropósito haciendo como que no es asunto de su competencia, sino de la soberanía estatal, de los tribunales, y, en última instancia, de la Corte.
Si la Corte no corta por lo sano en esto, difícilmente volverá a cortar algo en defensa de su autonomía y de nuestra Constitución.
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