El Estado está obligado a proveer la seguridad requerida para el desarrollo de los trabajos del personal de esa Comisión
Para que todo cambie, algo debe de permanecer. Este principio básico de sentido común ha sido aplicado por la actual administración para el tratamiento del Caso Iguala… pero optó porque permanezca sólo lo que le enredó las pesquisas al gobierno anterior: los expertos “independientes”.
Porque regresan a investigar los mismos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuatro juristas que se dedicaron por default al trabajo de los científicos de muchos países del mundo que trabajaron en la investigación.
Sin embargo, casi nunca se encontraban en México, porque, por ejemplo, el chileno Francisco Cox iba a Uganda a llevar otro caso, y el español Carlos Beristain y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, a Bruselas, para quejarse de que aquí no habían podido entrevistar a militares.
Ahora regresan, con honorarios superiores (cobrarán más de 600 mil dólares por seis meses de trabajo; antes era de a 500 mil) y condiciones de labor que ellos consideran “privilegios e inmunidades”, dos condiciones de las cuales no goza ninguna autoridad.
En su Mecanismo especial de cooperación y asistencia técnica de la CIDH al asunto Ayotzinapa, indican que:
“El Estado mexicano garantizará los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño de las funciones de los comisionados, personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, y las y los expertos que participaron en el GIEI en su calidad de consultores conforme al derecho internacional aplicable, incluyendo la inmunidad contra toda forma de detención o arresto personal”.
Gozan, además, de protección “contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo en relación a los actos ejecutados y las expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones, así como la inviolabilidad de sus documentos y su correspondencia.
Y el Estado está obligado a proveer la seguridad requerida para el desarrollo de los trabajos del personal de esa Comisión. En caso de que se renueve la colaboración, el gobierno mexicano deberá realizar otro pago en dólares.
En cambio, los funcionarios mexicanos vinculados al Caso Iguala tienen que medir cada paso como si trabajaran sobre un campo minado. No olvidemos que ya han sido liberados 77 participantes en el crimen de los 43 normalistas porque “fueron violados sus derechos”.
Peor, pareciera que hoy el interés de la Fiscalía General de la República se limita a encarcelar a aquellos que, en el pasado, condujeron la indagatoria que llevó a prisión a 147 personas. La FGR tiene la mira puesta en el exprocurador Jesús Murillo y el extitular de la AIC, Tomás Zerón.
Es decir, en el Caso Iguala sólo permanece el GIEI, que únicamente aportó retórica leguleya, sin datos comprobables ni estudios científicos, para desvirtuar todo el trabajo del Estado mexicano, la ONU y universidades internacionales.
Pero… lo están premiando.
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