También quedarán sin castigo quienes roben en la calle bolsas, carteras o autos, si lo hacen en paz, o sea sin disparar armas de fuego o usando cuchillos
Resulta curioso el criterio de los jueces en estos tiempos: sacan de la cárcel a 77 de los 142 detenidos por el asesinato de 43 normalistas del Caso Iguala, y se aprestan a liberar a quienes estén en la cárcel por asaltar y robar a los pasajeros en microbuses, sin golpearlos o matarlos.
Según este gobierno, las liberaciones del Caso Iguala se deben a que el anterior armó mal las acusaciones. Está bien, concedamos que eso es cierto. Pero no puede este gobierno hacer algo para retener en prisión a personajes con evidencias suficientes para ser culpados.
El caso tristemente emblemático de las liberaciones en el Caso Iguala es el Cabo Gil, segundo al mando del cártel Guerreros Unidos: tenía en su teléfono fotos de torturados, evidencias de ejecutados, mensajes con subalternos, saldo de balaceras con Los Rojos o La Familia Michoacana.
Lo liberó el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, porque 81 de 110 pruebas en su contra se recaudaron de manera ilegal. ¿Sí? Leamos al gran penalista y constitucionalista Renato Sales, ex Comisionado Nacional de Seguridad:
“¿Qué la captura fue ilegal? Pues caray, que se sancione a quien así aseguró. ¿Qué la confesión se arrancó con violencia? Gravísimo. Castíguese ejemplarmente. Pero si buena parte de las pruebas que vinculan al Cabo Gil con los hechos, terribles de Iguala, nada tiene que ver con estas prácticas irregulares, resulta absurdo, por decir lo menos, que el personaje esté en la calle”.
La verdad es que, aún planteado como política pública de un gobierno que cree que muchos delincuentes asesinan y roban por culpa del sistema neoliberal en que se criaron, lo que se está viendo es un escarceo con los delincuentes, que llega a parecer ingenuo, inocente viniendo del Estado.
Tras la liberación de El Gil fueron ejecutados El Gaby y sus sicarios en Cuernavaca, Morelos, y la madre de El May en Iguala, en lo que las autoridades creen parte del cobro de venganzas usuales en estos casos, ya sean para involucrar al liberado, o como reacomodo de plazas.
La política pública, o el escarceo (según el cristal con que se mire) incluye la Ley de Amnistía que perdona a quienes se encuentren en prisión por asaltar microbuses, que no hayan realizado su acción criminal con violencia.
También quedarán sin castigo quienes roben en la calle bolsas, carteras o autos, si lo hacen en paz, o sea sin disparar armas de fuego o usando cuchillos. Vamos: si un ladrón te apunta con una pistola y solicita tu billetera de favor, no tienes por qué molestarte. Solo mantén la calma.
Un experimento de gobierno que es, cuando menos, temerario…
Llena la calle de presidiarios.
Minuto a minuto
