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Por primera vez en lo que va del año, creo haber encontrado en una encuesta, la publicada por El Financiero (lunes, 5 de agosto), unas cifras de aprobación y desaprobación del nuevo gobierno que coinciden con mis percepciones rancheras.

El hecho central de la encuesta es que, comparada con la hecha por ese mismo medio hace tres meses, mayo, a los 100 días de gobierno, la aprobación del gobierno ha descendido, pero no en la figura del Presidente.

El Presidente tiene un sostenido 66 por ciento de aprobación, y buenas calificaciones en sus atributos personales: 58% de la gente aprueba su honestidad y 53% su liderazgo.

La encuesta mide, sin embargo, y esto es interesante, la brecha que empieza a abrirse entre la aprobación al Presidente y la aprobación a sus políticas públicas. Hay diferencias significativas.

Por ejemplo, la aprobación a las políticas contra la corrupción es en particular baja: 21%, mucho menos de la mitad del 53% de aprobación registrado en la encuesta anterior, la de los primeros 100 días de gobierno.

La aprobación a la política de seguridad fue de 33%, con un 42% de desaprobación, cifras inversas respecto de la encuesta de los 100 primeros días, en la que la aprobación fue de 58% y la reprobación de 22%.

Algo semejante sucede con la aprobación de la política económica. En la encuesta de los 100 primeros días de gobierno, el Presidente había recibido una aprobación de 53% y una reprobación de 24%. En la encuesta publicada el lunes pasado, su aprobación fue solo de 23%. Su reprobación, de 51%.

La encuesta de que hablo dibuja el perfil de gobierno que percibimos muchos: un gobierno con un potente liderato presidencial y una débil ejecución de políticas públicas; un Presidente fuerte en su enganche con la ciudadanía, pero un gobierno débil en la ejecución de lo prometido.

Y una ciudadanía que lo juzga bien a él y mal a sus primeros resultados, pero no los mezcla. Es la historia de inicio de gobierno de muchos presidentes mexicanos.

Lo que cualquier estratega político derivaría de estas cifras, supongo, es que hay que usar la fuerza del Presidente para corregir su gobierno en materia de corrupción, inseguridad y economía.

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