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La seguridad es la razón de ser más elemental del Estado, que, como dice Weber, ejerce el monopolio de la violencia legítima para garantizar la paz. Cuando pierde ese monopolio, pierde cualquier capacidad civilizatoria.

Porque la seguridad es requisito indispensable para que una sociedad pueda generar progreso y desarrollo; crear arte y ciencia; hacer negocios y academia; disfrutar del ocio y la cultura.

En México, esto es particularmente cierto: la seguridad ha sido por décadas nuestro mayor reto, y la tragedia de Minatitlán es el ejemplo más reciente. Por eso, transformar al país pasa por pacificarlo. Sin embargo, el gobierno navega entre la improvisación y la mentira.

El 2019 se inauguró con el trimestre más violento en la historia (8,737 homicidios dolosos); pero el Presidente sigue en su discurso de candidato: es culpa de la mafia del poder; la prensa manipula la verdad; yo tengo otros datos.

Mientras los medios nacionales e internacionales registraban la nueva masacre en Comalcalco, el domingo, el Presidente tuiteaba un alegre mensaje con el carnaval jarocho de fondo.

El país sigue su trágica marcha, la de un niño más acribillado por un grupo armado; mientras, para el Presidente lo prioritario es pelearse con España. Porque ya mandó decirle a las mamás de los delincuentes que regañen a sus hijos para que se comporten.

En el discurso el gobierno habla de cambio; en los hechos apuesta por la continuidad. La Guardia Nacional, que tardará años para articularse y dar resultados, profundiza un modelo subsidiario a la federación, cuyos límites ya han sido probados. Como herramienta, la Guardia podría ser valiosa, pero sin estrategia, su saldo no podrá ser mejor respecto al de décadas previas.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es una colección de generalidades. Una de sus soluciones es la renovación ética del pueblo de México. En contaste, los temas sustantivos se dejan de lado: fortalecer las capacidades de las policías locales; más herramientas de investigación y procuración que consoliden nuestro sistema de justicia; acabar con la corrupción en las instituciones que deben garantizar el Estado de Derecho; nuevas tecnologías que permitan entender y atender mejor los fenómenos delictivos.

¿Y el tráfico de armas? ¿Y el lavado de dinero? ¿Y la inteligencia?

Nunca los criminales se habían enfrentado a un gobierno tan poco dispuesto a combatirlos. Y si la tentación era negociar para desmovilizarlos, eso claramente tampoco está funcionando.

El Presidente se puso un ultimátum que es camisa de fuerza: en seis meses, dice, habrá resultados. Yo propongo un objetivo más simple y realizable: en seis meses presenten una verdadera estrategia para recomponer el rumbo en materia de seguridad. ¿Quiere entrar a la historia un buen presidente? Ello pasa, necesariamente, por detener la barbarie que ha lastimado y sigue lastimando a millones de mexicanos.