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La centralización que anticipan los lineamientos de gobierno de López Obrador apenas puede exagerarse.

Solo en el lineamiento 26, de los 50 enunciados para “combatir a corrupción” y establecer la “austeridad republicana”, se dice que el gobierno federal tendrá una sola oficialía mayor, una sola contraloría, una sola oficina de prensa, una sola oficina de compras y un solo delegado o representante federal en cada estado de la República.

López Obrador no ha descrito en detalle lo que pretende hacer en cada una de estas centralizaciones burocráticas, pero ha hablado bastante de la última. En una reunión con legisladores y munícipes electos de Morena anunció la desaparición de las delegaciones y la instauración de un comisionado federal único. Dio luego los nombres de los 32 comisionados: todos políticos locales de Morena, ex candidatos en diversas elecciones o contendientes de la última, como Delfina Gómez en el Estado de México y Carlos Lomelín en Jalisco.

En el mismo discurso, López Obrador explicó que el país será dividido en 250 o 300 regiones, cuyas demandas serán la base administrativa y política de la acción federal en los estados. Cada estado tendrá un número distinto de “regiones” y habrá un comisionado único por región.

Problemas legales aparte, el diseño anunciado supone una nueva arquitectura del pacto federal. El nuevo gobierno levantará una pirámide paralela de poder y administración estatal, en representación única del titular del Poder Ejecutivo federal. Se han sugerido ya las semejanzas del proyecto con otras famosas figuras de centralización: los prefectos napoleónicos de la Francia posrrevolucionaria o los jefes políticos de la época porfiriana de México.

Se trata de un cambio radical de diseño en el federalismo mexicano y de la ocupación partidista del aparato resultante.

La estructura paralela del nuevo federalismo en los estados será hija de Morena, los coordinadores federales vendrán de Morena, igual que los de las “regiones”.

Nadie en su sano juicio puede defender la ineficacia institucional vigente del federalismo mexicano. Pero nadie puede celebrar tampoco la centralización partidista anunciada, el modelo de jefes políticos y prefectos federales entregados a Morena para garantizar que los programas federales bajen al territorio.

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