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La epidemia de los gobernadores corruptos ha crecido como la espuma. Es un síntoma doble del tamaño de los abusos y de la intolerancia política y social a que este espectáculo se prolongue.

También es la evidencia, como he insistido aquí, e insisto ahora nuevamente, de un diseño institucional y una lógica de competencia política que propicia, en muchos sentidos induce, los delitos con los que sistemáticamente están siendo acusados estos gobernadores: desvío de recursos, lavado de dinero, operaciones con recursos ilícitos.

Dice el dicho que la ocasión hace al ladrón. El diseño institucional del federalismo que reparte dinero público sin exigir cuentas es la ocasión que hace gobernadores delincuentes.

Ponga cualquiera mil pesos en la mesa de su casa y no pregunte por ellos cuando desaparezcan. Ponga luego diez mil. A la siguiente semana, ponga cien mil, en poco tiempo habrá convertido a los habitantes de su hogar en cómplices depredadores.

Mutatis mutandis, esto es lo que ha hecho la democracia mexicana con sus actores básicos: partidos, gobiernos locales, los otros poderes de la Unión.

La democracia mexicana (2000-2017) ha tenido gobiernos ricos. Entre 2000 y 2014  el alto precio del petróleo trajo a las arcas federales una riqueza equivalente a 1 billón 58 mil millones de dólares (dólares de 2014).

Un millón de millones más 58 mil millones de dólares. Esto es casi siete veces el costo del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra.

En ese mismo lapso, el ingreso de los gobiernos estatales creció prácticamente nada. A la fecha, su porcentaje de ingresos propios es solo de 16 por ciento.

En 1997, el mismo año en que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, el reparto de recursos federales a los estados empezó a crecer. Pasó de 20 a 35 por ciento del presupuesto entre 1997 y 2001. Y en esos porcentajes se mantiene hoy, de un presupuesto federal extraordinariamente expandido.

La ocasión institucional de tener a la mano tanto dinero suelto, no fiscalizado, creó la epidemia que nos escandaliza hoy: ocho gobernadores presos, dos prófugos, cinco sujetos a investigación y cinco que han pisado la cárcel por acusaciones descartadas o vigentes.

Demasiados casos para ser casos aislados. Insisto: se trata de una epidemia institucional.