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Expresidente Álvaro Uribe, declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Foto de EFE

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, el hombre que ha dominado la política colombiana en el último cuarto de siglo, aun después de dejar el poder, enfrenta a sus 73 años la posibilidad de ir a la cárcel tras ser hallado culpable de dos delitos en un juicio que él considera producto de una persecución de la izquierda.

La figura de Uribe no deja indiferente a nadie en Colombia, donde sus seguidores y opositores lo defienden o atacan con el mismo ardor, lo que se constató en las últimas semanas con la inminencia del fallo leído este lunes por la jueza Sandra Heredia, que lo condenó en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Las pasiones que despierta el que fuera presidente de Colombia entre 2002 y 2010 son un reflejo de su vida, en la que ha combinado bucólicas jornadas en sus haciendas con la intensa actividad en los pasillos del poder.

Uribe se refugió en su hacienda en los departamentos de Antioquia y Córdoba después de dejar la Presidencia con una popularidad del 75 % pero sin despegar su mirada de los acontecimientos nacionales ni de los pasos de sus sucesores Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro, desde 2022.

Nacido el 4 de julio de 1952 en Medellín, capital de Antioquia, una tierra de “arrieros invencibles”, según dijo el domingo, Álvaro Uribe es un defensor de la empresa privada, la inversión extranjera y la lucha sin cuartel contra los grupos guerrilleros y narcotraficantes, plasmada en la política de “seguridad democrática” de su Gobierno, que le dio tantos éxitos como problemas con la Justicia hasta hoy.

Uribe resumió su programa de Gobierno en el lema ‘mano firme, corazón grande‘, con el que se ganó el apoyo del empresariado y de las Fuerzas Armadas, pilares de su Gobierno.

Álvaro Uribe: Enemigo de la guerrilla

Abogado de profesión, Uribe se hizo políticamente en el Partido Liberal, del que luego se separó, y en su dilatada carrera ocupó los cargos de director de la Aeronáutica Civil, senador, alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, antes de llegar a la Presidencia en 2002.

La determinación de combatir a las FARC fue su obsesión tras el asesinato de su padre, el ganadero Alberto Uribe Sierra, a manos de esa guerrilla en 1983, y ese fue el norte de su Gobierno.

Así, obtuvo resultados nunca antes logrados por un Gobierno contra las FARC que hicieron subir su popularidad y le abrieron el camino a la reelección en 2006.

De esta forma se convirtió en un alfil contra las ideologías de izquierda a las que asoció con el llamado “castrochavismo“, el cual aún combate en sus discursos y al que atribuye el proceso por el que hoy fue condenado por la Justicia.

Escándalos y líos judiciales

Desde los años 80, cuando dirigió la Aerocivil, surgieron las primeras denuncias en su contra por el supuesto otorgamiento de licencias de vuelo a personas relacionadas con el narcotráfico.

Posteriormente, aparecieron otros de presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.

En 2009 salieron a la luz las interceptaciones telefónicas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, políticos y periodistas, lo que le trajo enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia.

Luego vino la denuncia de los “falsos positivos“, como se conocen las ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate para obtener recompensas y permisos.

Esas denuncias comenzaron en su segundo mandato y tomaron fuerza en los últimos años con las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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Según una investigación divulgada por la JEP en febrero de 2021, “por lo menos 6 mil 402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”, periodo que coincide con seis de los ocho años de Presidencia de Uribe.

El expresidente tiene abiertos numerosos procesos de todo tipo en la Justicia, pero fue a juicio por presunto fraude procesal y soborno, delitos considerados menos graves que otros que se le achacan a su gestión.

Tras dejar la Presidencia, Álvaro Uribe se distanció de su delfín, Juan Manuel Santos, quien fuera su ministro de Defensa, molesto por su decisión de iniciar un proceso de paz con las FARC, lo que lo llevó a fundar en 2014 un nuevo partido, el Centro Democrático, por el que fue elegido senador en 2014 y 2018.

Pese a que en 2020 renunció a su escaño, Uribe ha permanecido vigilante en la política nacional y su influencia es tal que, a la hora de escoger candidatos presidenciales, la derecha siempre considera la opción de “el que diga Uribe”.

Una señal de que no está dispuesto a retirarse la dio ayer cuando, en un discurso en Medellín, aseguró que en Colombia existe una “naciente dictadura” que hay que combatir “con las ideas”, pensado ya en las elecciones de 2026.

Con información de EFE.