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A los doce años de edad, Kilmar Armando Ábrego García entregaba a domicilio, con su hermano mayor César, las pupusas que cocinaba su madre Cecilia en San Salvador. La pupusa es el plato nacional de El Salvador y otros países centroamericanos; se trata de una variante de nuestros sopes, muy rica por cierto.

La pandilla juvenil llamada Barrio 18 comenzó a cobrar “piso” a la pupusería Cecilia, amenazando con matar a César si no se integraba a su organización criminal. Los padres mandaron a César a los Estados Unidos, donde ahora vive como ciudadano. Cuatro años más tarde, la misma banda vino a exigir que Armando se sumara a sus fuerzas. El muchacho se fue de mojado a los Estados Unidos.

En 2019, Armando Ábrego fue en Maryland a una tienda Home Depot en donde habitualmente los constructores reclutan albañiles, preferentemente ilegales para pagarles menos, y lo agarró la Migra para someterlo a juicio y echarlo del país. Kilmar solicitó asilo, alegando que si volvía a El Salvador, la Barrio 18 lo iba a matar. El juez de migración no le concedió el asilo, pero sí una orden que prohíbe su deportación precisamente a El Salvador, por temor de que lo mataran. El muchacho, que se había casado en la cárcel con su mujer embarazada, tenía sólo la obligación de reportarse a migración una vez al año, para estar bajo control. En febrero de este año, Donald Trump dio la lista de las organizaciones extranjeras calificadas como “terroristas” cuyos miembros deben ser capturados y expulsados de inmediato de los Estados Unidos. En la lista está la MS 13.

El día 13 del mes pasado, luego de recoger de casa de la abuela a uno de sus tres hijos que padecen discapacidad, una patrulla de migración lo paró y lo encarceló como indocumentado. Un pandillero, de los llamados testigos protegidos, le había dicho a la migra que este muchacho era de la banda salvadoreña MS13. A los dos días, raudos y veloces, los policías lo treparon -con otros 250 delincuentes- en un avión para llevarlo a El Salvador, a la cárcel de alta seguridad que hizo Nayib Bukele y en donde aloja a todos los delincuentes que Trump quiera mandarle. Pagando, claro.

Muy pronto, la policía migratoria reconoció que había cometido un error en este caso. La Suprema Corte de Justicia le ordenó al gobierno que “facilitara” la repatriación de Abrego García aprovechando la visita a la Casa Blanca del presidente Bukele, renombrado gobernante de mano dura que ha pacificado su país con exceso de violencia.

Comenzó el ping pong. Dijo Trump que el poder judicial no podía intervenir en política exterior porque eso es privilegio del presidente. Agregó, que él no puede sacar de El Salvador a un salvadoreño. Sería una violación de la ley. Bukele reaccionó en inglés diciendo, más o menos, “yo no puedo meter de contrabando a un terrorista a los Estados Unidos”. Cuando le preguntaron si lo pondría en libertad, simplemente dijo: “en El Salvador no nos gusta poner en libertad a terroristas. La pregunta es absurda”.

Más allá del drama humano que encierra, la historia es emblemática para la constante pugna del presidente Trump con el poder judicial, incluyendo la Suprema Corte. De esto sabemos más, muy pronto.

PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas):   Don Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España, le metió una demanda judicial a quien fue su apoderado en Suiza, Dante Canonica, que le manejaba la lana fuera de España, y a Corina Larsen, quien fue su amante explícita, aunque ciertamente no única, durante muchos años.

Don Juan Carlos I ha vivido opíparamente en Arabia Saudita durante los últimos cinco años. Se le conoce por haber sido intermediario para empresas ferroviarias españolas en la construcción del tren AVE Medina-la Meca, además de otras jugosas corruptelas.

En los manejos del tren árabe hubo 65 millones de euros de comisión para el rey.

Fueron transferidos a la  alemana Corina Larsen. Juan Carlos dice que él se los ganó y en esa danza andamos porque la alemana va a contrademandar.

Es mi ventaja de ser medio pobre.

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