¿Opacidad forzada?

Desde hace tres semanas, con su aparición en el Diario Oficial de la Federación, están vigentes dos nuevas leyes: la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Ambas armonizan las disposiciones para que las funciones y facultades anteriormente asignadas al Inai sean transferidas a la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y al órgano desconcentrado Transparencia del Pueblo.

Las respuestas que emita la nueva SABG son susceptibles de impugnación, aunque ahora mediante juicio de amparo. El decreto mandata al Poder Judicial de la Federación para que dichos juzgados especializados en este ámbito en un plazo no mayor a 120 días naturales.

Mientras entran en funciones dichos órganos jurisdiccionales, los plazos y términos procesales de los juicios de amparo en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales que se encuentran en trámite ante los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito han quedado suspendidos, por un plazo de 180 días naturales. De tal forma, los expedientes de amparo relacionados a esta materia no continuarán su tramitación hasta que los nuevos órganos jurisdiccionales sean creados y comiencen sus operaciones, momento en el que los casos deberán ser remitidos a estos nuevos órganos

Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 2 de abril la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que contempla la eliminación del sistema electrónico CompraNet, una plataforma electrónica donde el gobierno federal publicaba información sobre licitaciones, contratos, adjudicaciones y compras públicas.

La reforma, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, sustituye la plataforma CompraNet por una nueva, administrada por la Secretaría Anticorrupción. Con las modificaciones, también se exenta a las Fuerzas Armadas de las obligaciones de transparencia, pues ya no tendrán que cumplir con los requisitos de transparencia en proyectos estratégicos como el Tren Maya. La oposición denunció que esto podría fomentar la corrupción.

La reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización, va: tiene como objetivo reducir la burocracia, agilizar trámites y digitalizar los servicios públicos, lo que incluye la implementación de políticas públicas para mejorar la regulación y fortalecer la infraestructura tecnológica de los gobiernos locales. Además, se crea la Agencia de Transformación Digital para liderar la digitalización y se reemplaza la Ley General de Mejora Regulatoria con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.

Hace una semana, el pleno del Senado aprobó el pasado 2 de abril, con 88 votos a favor, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para evitar la duplicidad de funciones entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La medida busca mejorar la gestión del gobierno digital y definir mejor las responsabilidades de cada entidad. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados.

Efectos secundarios

PENDIENTES. La semana pasada, el gobierno de México anunció un paquete de modificaciones legales para evitar la liberación de cuentas financieras vinculadas a actividades delictivas. El objetivo es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado. Las reformas incluirán medidas que amplíen el alcance de las autoridades para bloquear activos y mejorar la vigilancia sobre las operaciones financieras sospechosas. Estas modificaciones buscan asegurar que los recursos del crimen no puedan circular libremente en el sistema financiero.