Y mientras, las voces que exigen una sanción ejemplar —la anulación de su cédula profesional y su separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— se esparcían peligrosamente, principalmente en las redes sociales donde ya quedó sembrada la idea: juicio político a la ministra
Hace mucho comenzó el affaire Esquivel. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegarían dos nuevos ministros, además de la expresidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, durante la primera etapa de la Cuarta Transformación.
Margarita Ríos-Farjat fue la primera titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de este sexenio, y José Luis González Alcántara Carrancá, de amplia experiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, completaban la tercia de ministros presuntamente favorables al nuevo gobierno.
Pero Yasmín Esquivel Mossa era —según los primeros diagnósticos— la más cercana al lopezobradorismo. Por su esposo, José María Riobóo, dueño de una de las empresas constructoras más relevantes desde la gestión del tabasqueño como jefe de gobierno en la capital del país.
Los tres nuevos ministros —de acuerdo con esas versiones— y el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sumarían un bloque de ministros que haría contrapeso a la mayoría. Y que buscaría presidir el pleno durante los dos últimos años del sexenio.
Desde entonces, Esquivel y Ríos-Farjat estuvieron en la mira. La investigación sobre sus antecedentes académicos y laborales fue exhaustiva, lo mismo que el seguimiento minucioso de sus actividades públicas y privadas, como viajes de la ministra y su esposo así como su presencia en algún concierto.
Esa historia esperaría una mejor oportunidad, para tener los efectos esperados. Zaldívar Lelo de Larrea inició la transformación del Poder Judicial y la correlación de fuerzas en el Consejo de la Judicatura y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha obedecido a otras inercias.
Ahora, nuevamente en la mira por su manifiesta pretensión de convertirse en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y —a juzgar por los acontecimientos recientes, con amplias posibilidades— la ministra Esquivel Mossa ya no afronta críticas por sus viajes o sus desplantes; ahora buscan llamarla #MinistraPasante o #MinistraPlagiante.
En defensa de su trayectoria como docente y sinodal de decenas de egresados de Facultad de Derecho y en la ENEP Aragón, Martha Rodríguez Ortiz rechazó las publicaciones sobre de la tesis de la ministra, quien hasta ahora no ha refutado públicamente las acusaciones de plagio.
En sus redes sociales ha compartido las réplicas de su asesora de tesis y de Javier Carreón Hernández —ambas dirigidas a Latinus—, quien también fungió como jurado en el examen profesional que sustentó hace 35 años.
En una entrevista radiofónica, Rodríguez Ortiz —profesora de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 45 años de trayectoria— expresó su sorpresa sobre el timing de lo que consideró una “campaña mediática” que repite la misoginia contra Esquivel Mossa.
La presión mediática no sirvió para que el Consejo de la Judicatura Federal se pronunciaran públicamente sobre este asunto. La FES Aragón hizo eco de las denuncias y publicó un comunicado para adelantar un “análisis pormenorizado” del caso ¿Una ministra bajo investigación? ¿Tráfico de tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Retiro del título para ejercer como licenciada en derecho? ¿Invalidez de las sentencias dictadas por la ministra? ¿Anulación de su postulación para presidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y la presunción de inocencia? ¿Y el debido proceso?
Y mientras, las voces que exigen una sanción ejemplar —la anulación de su cédula profesional y su separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— se esparcían peligrosamente, principalmente en las redes sociales donde ya quedó sembrada la idea: juicio político a la ministra.
Minuto a minuto
