La huella de los diezmos y su ilegal destino fue documentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diseccionada por el Instituto Nacional Electoral
De los 12 millones 885 mil pesos que la ex alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez, se agenció entre 2013 y 2015 mediante la retención del diez por ciento del salario de medio millar de trabajadores municipales, se ignora el destino que tuvieron dos terceras partes: ocho millones 385 mil, pero jurídicamente se comprobó que los cuatro y medio restantes fueron a parar a su partido, y es el monto de la multa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le impuso a Morena.
La huella de los diezmos y su ilegal destino fue documentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diseccionada por el Instituto Nacional Electoral y unánimemente juzgada por los magistrados de la máxima instancia constitucional en materia de comicios.
En pesos y centavos, la sanción es barata si se toma en cuenta la depreciación de la moneda de aquellos años a la fecha, pero queda en el misterio quién o quiénes se beneficiaron con el dinero del que no hay rastro.
Lo importante sin embargo va mucho más allá del “amor por el dinero” a que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aludió recientemente para intentar justificar el escamoteo de recursos hacendarios al innecesario ejercicio de revocación de mandato.
No se trata de un penoso problema de aritmética sino de ética, ya que aquel 10 por ciento de salario que se esquilmó a los trabajadores de la alcaldía texcocana es un delito y exhibe la corrupción de la que no escapa el partido que proclama estar contra esa práctica funesta.
Y lo ejecutó la profesora que inicialmente fue premiada con su fracasada candidatura al gobierno del Estado de México y, después, con la titularidad de la Secretaría federal de Educación. La explicación dada por ella es fantasiosa: admite las retenciones pero afirma que así fue solicitado por sus entonces empleados de manera “voluntaria”.
En la Ley General en Materia de Delitos Electorales se prevén condenas de dos a nueve años de prisión para quien solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.
Impermeable a la vulnerable probidad de algunas personas de su confianza, el presidente López Obrador dice que se ha montado “una campaña” contra Delfina, cuando lo innegable es que la propia funcionaria es quien manchó su imagen. “Esa señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo.
Me siento orgulloso de que sea la secretaría de Educación del gobierno federal (…) Ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos”, dijo (incluyendo implícitamente a sus correligionarios Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz Ledo).
“Hay toda una campaña en todos los medios, hasta en los que supuestamente o todavía fingen ser independientes, progresistas, objetivos y profesionales. Nada de eso, hay toda una intencionalidad política detrás”, sostiene.
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