Resolver ese dilema depende de la capacidad de la flota de barcazas y remolcadores, que apenas suma una decena de unidades en funcionamiento
Han pasado 10 días desde el último incidente en la Exportadora de Sal. La barcaza 11 —un vehículo autopropulsado— estuvo a punto de encallar en la Isla de Cedros, luego de completar su trayecto, desde el puerto de Chaparrito, en Guerrero Negro. Debido al accidente más de 6,000 toneladas métricas de sal industrial para exportación se perdieron.
Tres días después, el coordinador general de programas para el desarrollo, Carlos Torres, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, estuvieron en aquella recóndita comunidad del municipio de Mulegé para encabezar los trabajos de elaboración de un “plan de justicia”. Un encargo presidencial que justo dentro de un mes deberá entrar en operación.
A la cita no acudió la secretaria Tatiana Clouthier, convaleciente de Covid-19. A esa dependencia está adscrita la empresa paraestatal, único motor económico de la región, misma que enfrenta el dilema de expandir su capacidad productiva o cerrar operaciones.
Resolver ese dilema depende de la capacidad de la flota de barcazas y remolcadores, que apenas suma una decena de unidades en funcionamiento. ¿Elevar la producción con equipos obsoletos? Hace cinco años, la directiva de ESSA quiso renovar la flota, con la compra de dos barcazas nuevas, pero la operación fue cancelada por el entonces coordinador general de minería, Mario Cantú, lo que derivó en una demanda millonaria.
En el 2014, ESSA utilizó seis remolcadores y nueve barcazas para el traslado del producto. Ese año, la paraestatal logró acarrear 8.3 millones de toneladas métricas, no obstante que en noviembre una barcaza quedó a la deriva en la Laguna Ojo de Liebre. Al mediados del año siguiente, el entonces director general de Marina Mercante de SCT, Pedro Pablo Cepeda Bermúdez, amagó con paralizar la flota de ESSA, por obsoleta.
Representantes de Mitsubishi International —socios de ESSA— y de la secretaría de Economía gestionaron ante el entonces titular de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, que no suspendieran las operaciones. Aun así, disminuyeron las toneladas trasladas, hasta quedar en seis millones de toneladas hasta el cierre del 2021, con cinco remolcadores y siete barcazas en la flota utilizada, cuya operación está a cargo de Jaime Guillermo Gallardo Romero. Reportes internos reflejaban que de las siete unidades autopropulsadas, tres estaban en malas condiciones de operación, entre ellas la 11, que colapsó hace 10 días.
El director de operaciones de ESSA, Arturo López, solicitó autorización al consejo de administración para adquirir un vehículo autopropulsado con una antigüedad de 15 años. El remolcador usado, cuya compra autorizó el consejo de administración, fue valuado en 1.2 millones de dólares.
Para el transporte terrestre de sal, ESSA cuenta con una flota de nueve camiones Dart 5 de la serie 5140C y cuatro de la serie 5225C; además dispone de 24 góndolas: 19 de 120 toneladas métricas y cinco, de 204 toneladas métricas, que si trabajaran 32,000 horas producirían 7.5 millones de toneladas métricas anuales.
Ante esas limitaciones, la meta de incrementar 12% cada año la producción actual de sal industrial en ESSA luce imposible. La meta para el 2024, de acuerdo al programa institucional de ESSA, es distribuir 8.5 millones de toneladas.
La actual directiva de la paraestatal, a cargo de Gregorio Cavazos, cree que es posible incrementar la producción a 10 millones de toneladas, si la salmuera residual —el excedente de las tinas de lavado— es procesada. Eso implicaría cancelar el plan de disposición controlada de esos desechos, cuya ejecución está programada para abril de este año.
Efectos secundarios
PROPUESTA. En vísperas del arranque del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, remitirá una iniciativa de reformas a la Ley General del Seguridad Pública en la que plantea investigar los homicidios dolosos utilizando herramientas científicas, datos georreferenciados, análisis del fenómeno delictivo y entorno criminológico para lograr la disminución de los feminicidios. Para acabar con la plaga de la violencia de género, el proyecto contempla la creación de la Comisión Nacional Antihomicidios.
EXIGENCIAS. El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó el fallo de la Auditoría Superior de la Federación, contra Carlos Aguirre Morales, quien fue subsecretario de egresos cuando Javier Duarte gobernaba Veracruz, y le decretó una responsabilidad resarcitoria por 278.7 millones de pesos, con lo que acumula la friolera de 2,500 millones de pesos por reintegrar a la Tesorería de la Federación.
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