Esa consideración estuvo a punto de producirse durante la administración de Trump, quien hasta la anunció, pero le dio vuelta atrás porque se lo pidió de favor el presidente de México
Mientras el presidente supervisa por tercera vez una carretera en el pueblo del Chapo, el narcotráfico ha asesinado (en apenas dos años y medio de su gobierno) a 70 por ciento de mexicanos más que durante todo el sexenio de Enrique Peña.
Son estadísticas del gobierno del presidente. Y representan un desastre descomunal de la estrategia oficial de enfrentamiento a la violencia del crimen organizado, que consiste en quitar cada vez más al Ejército la responsabilidad de combatir al narco.
“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió el presidente sobre la liberación de un hijo del Chapo, después de haber sido capturado, por encabezar el cartel creado por su padre.
El resultado de la estrategia del gobierno ha sido que la tasa de homicidios en México sea cinco veces mayor que la tasa mundial (5.8) y el doble de la registrada en el continente americano (15.9), según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Pero los soldados son puestos a quitar la chamba a los obreros en la construcción de sucursales de bancos, terminales de aviones y trenes comerciales, cruceros turísticos y marina comercial. Todo eso, mientras en México alguien es asesinado cada 15 minutos.
Y, sólo en Nuevo León, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos ha encontrado 867 mil 556 restos humanos en fosas cavadas por el crimen organizado y que ya empiezan a ser conocidas como “sitios de exterminio”.
Eso la frontera con Estados Unidos, país donde la cúpula de todos los organismos de defensa y de espionaje y contraespionaje presionan a la Casa Blanca para que considere a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras.
Esa consideración estuvo a punto de producirse durante la administración de Trump, quien hasta la anunció, pero le dio vuelta atrás porque se lo pidió de favor el presidente de México, pues ello iba a provocar un cataclismo en la relación bilateral.
“Legalmente estamos listos para hacerlo”, explicó el entonces presidente de estados Unidos, “sin embargo, lo aplacé a solicitud del presidente mexicano, quien aunque es socialista, es un hombre que me gusta y respeto, y ha trabajado tan bien con nosotros”.
La acusación de terroristas a los narcos se extendería a quienes colaboren con ellos, incluso a sus clientes, porque los carteles dejarían de ser un tema de “seguridad pública” para ser una amenaza a la “seguridad nacional”.
O sea: los carteles mexicanos pasarían a ser una prioridad para la Casa Blanca, y los servicios estadounidenses ya no necesitarían una orden de arresto para inspeccionar una casa o penetrar en un equipo de cómputo y hasta misiones de combate.
Otro caos.
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