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Hay de itamitas a itamitas. Apartado de los neoliberales porfiristas encumbrados por el calderonismo y el peñismo, Hugo Tulio Félix Climaco fue uno de los articuladores de la hermandad forjada en las aulas de Río Hondo hace tres décadas, encabezada por Virgilio Andrade y Luis Videgaray.

Entre el ITAM y la UNAM, Félix Climaco se distinguía del resto de sus condiscípulos por usar largas gabardinas y botas mineras. Al paso del tiempo, como muchos otros economistas formados por Javier Beristáin, ingresó al servicio público. El sexenio pasado fungió como subsecretario de administración y representante del gobierno de Gabino Cue Monteagudo en la Ciudad de México. Y, desde hace tres años, está al frente del Colegio de Economistas de Oaxaca.

Alejado de las ortodoxias, hace dos semanas emplazó al presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para exponer su propuesta de gravar a los más ricos de México ante los integrantes de ese foro de profesionistas, con los comentarios de un panel de expertos entre los que destacaron Rodolfo de la Torre y Félix Vélez Fernández Varela –exprofesores del Departamento de Economía del ITAM–, Mariana Campos, de México Evalúa; Gabriela Ríos Granados, del IIJ-UNAM, y Emilio Barriga, extesorero del GDF.

Ramírez Cuéllar canceló a última hora. Pero los especialistas no defraudaron a la audiencia. De la Torre, uno de los constructores de los indicadores para medir la pobreza en México, abrió la discusión con un matiz necesario: la riqueza –subrayó– es uno más de los componentes de un concepto más amplio: el bienestar.

En el esfuerzo por medir la riqueza, delimitó, el Inegi ya genera información robusta sobre el ingreso y el consumo de la población. Para gravarla –por el contrario– es necesario ponderar distintos factores, si bien es sabido que 93% de la riqueza financiera y 66% de la riqueza física en México está concentrada en el último decil.

¿Gravar la riqueza financiera o la riqueza física? Pasada la contingencia sanitaria, reconocieron los expertos, el gobierno tendrá que buscar recursos para mantener y expandir los programas asistenciales para la población más desprotegida, que en el corto plazo ampliará su membresía: entre 8.9 y 12.2 millones de personas pasarán a una situación de pobreza en 2020.

Una reforma fiscal o la convocatoria para una Convención Nacional Hacendaria son objetivos lejanos. Las alternativas de nuevos impuestos, para la Federación, estarían clausuradas pues está empeñada la palabra del Ejecutivo, aunque las propuestas de Ramírez Cuéllar –quien presidió la Comisión de Presupuesto en San Lázaro– sugerirían nuevas obligaciones tributarias al 10% más rico de la población en México.

El consenso de los expertos apunta a maximizar el cobro del impuesto predial y restaurar la tenencia para vehículos automotores, más que las opciones de gravar las herencias y las transacciones bursátiles, como en otros países.

En México apenas se recaudan 45,000 millones de pesos al año por impuestos prediales, de los cuales una tercera parte se generan en la Ciudad de México, recordó Emilio Barriga, extesorero del gobierno capitalino y actual funcionario de la Auditoría Superior de la Federación.

En 2013, recordó, las fuerzas políticas en el Senado aprobaron una reforma al artículo 73 de la Constitución que permitiría la homologación del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad y del catastro en todo el país. Ese ordenamiento –que quedó congelado en la colegisladora– incluyó un artículo transitorio, para estipular que la homologación ocurriría en 180 días.

Un predial homologado. Y restaurar la tenencia. Desde que ese impuesto dejó de ser federal, en 2012, han dejado de captarse 50,000 millones de pesos, detalló Barriga, mientras que Mariana Campos Villaseñor se pronunció a favor de que vuelva a federalizarse el cobro de tenencia vehicular, al tiempo de fortalecer capacidades recaudatorias a nivel local y rediseñar las fórmulas de reparto entre entidades federativas y municipios para premiar a quien más recaude.

“No tenemos planes de mediano o largo plazo ni una profesionalización de gente técnica… cada año estamos sujetos a caprichos políticos”, lamentó la ejecutiva de México Evalúa, “se otorgan subsidios regresivos como el de la tarifa doméstica de electricidad. Tenemos muy baja gobernanza y unos cuantos deciden por todos”.

Félix Vélez, formador de varias generaciones de economistas y exintegrante de la Junta de Gobierno del Inegi, aportó una perspectiva histórica. En el pasado, entre los años 50 y 80 se pensó que una mayor cantidad de empresas públicas y el diseño de planes de desarrollo con un protagonismo de dichas empresas, suponiendo la rectoría económica del Estado, llevaría a las naciones a reducir la desigualdad. “La nueva moda es creer que el impuesto a la riqueza que propone Thomas Piketty es el maná para el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. Esto es falso, lo microeconómico también cuenta”, criticó. Pero el presidente nacional de Morena no estuvo, para rebatirlo.