La fuerza de la propuesta y del acuerdo resultante dependerá de la pluralidad y la representatividad de los convocados
En sintonía con otras instancias ciudadanas del país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó ayer un llamado a construir un Acuerdo Nacional para hacer frente a la emergencia económica impuesta por el covid-19.
Destaco dos rasgos, hasta donde entiendo inéditos, de esta convocatoria.
Primero: aunque lanzada desde las organizaciones empresariales, ésta no quiere ser una propuesta de los empresarios, sino una propuesta nacional.
La iniciativa parte del hecho de que el CCE “ha iniciado diálogos con todos los actores sociales, políticos y económicos del país”, de modo que no se trata solo de un diálogo entre hombres de empresa.
“A una sola mano queremos escribir este gran Acuerdo Nacional”, dijo ayer Carlos Salazar, presidente del CCE. “Queremos las ideas de todos para convocar a un acuerdo nacional que una a México”.
Que yo recuerde, esta es la primera vez que los empresarios salen del ámbito de su visión gremial, en busca de una visión nacional, que represente otros sectores, otros intereses, otras convicciones.
El segundo rasgo inédito, me parece, es que la propuesta no tiene como primer destinatario al gobierno federal. De hecho, no lo incluye de entrada. Confía en que el gobierno se una después, como sugiere este párrafo:
“Requerimos las mejores mentes de los mexicanos, a cada uno lo estamos invitando a que nos propongan las mejores formas de salir de esta situación. Confiamos en que el Gobierno Federal se unirá a este tipo de acuerdos”.
Si estoy leyendo bien, esto quiere decir que los convocados definirán primero los términos del Acuerdo Nacional y esperarán a que el gobierno federal se una.
La fuerza de la propuesta y del acuerdo resultante dependerá de la pluralidad y la representatividad de los convocados.
Que la propuesta salga de los empresarios organizados la hace más visible que las venidas hasta ahora de ciudadanos y grupos de estudio, como las que glosamos en este espacio ayer y antier.
Si se suman a construir la propuesta otros sectores claves de la sociedad mexicana, como sindicatos, universidades, iglesias y ONG, el acuerdo adquiriría efectivamente un carácter nacional.
Habría surgido con él una poderosa instancia de deliberación publica nacida de la sociedad civil.
