Vacíos legislativos

La minoría panista en ambas Cámaras federales quiso ausentarse de las sesiones de trabajo “por razones de sanidad”. En San Lázaro, el vacío generado por la oposición derivó en la aprobación —sin oposición— de las reglas que permitirán a los integrantes de la LIV Legislatura federal presentarse a la reelección el año próximo, sin renunciar a sus cargos.

En la Cámara Alta, la bancada blanquiazul decidió no permitir más agandalles y acudió al recinto legislativo; las senadoras Kenia López Rabadán y Claudia Anaya, junto con el petista José Narro Céspedes, trabajaron con una mascarilla y guantes de látex… mientras que Martí Batres, con los ojos llorosos y una bufanda, aguantaba estoicamente. El mexiquense Juan Zepeda pidió a la mesa directiva que proporcionara cubrebocas a asesores y reporteros que, sin cuidados, transitaban por los pasillos…

En la víspera, los parlamentarios estimaban que ayer ocurriría la última sesión del periodo ordinario de sesiones. Si bien la pausa de un mes permitiría regresar y completar hasta seis jornadas de trabajo antes del cerrojazo del 30 de abril, cualquier escenario optimista resultaba lejano, por la incertidumbre sobre la expansión del Covid-19.

Erigida en órgano de acusación, en el primer procedimiento de juicio político que instaura el Congreso de la Unión en 94 años, la Cámara de Diputados dio trámite ayer al mediodía a las denuncias presentadas contra Rosario Robles.

La imputada rechazó su traslado a San Lázaro, al no darse por notificada del procedimiento, y estuvo representada por el abogado xalapeño Alberto Javier Sánchez Rojas, quien se quejó del ánimo revanchista que movería a la promovente y al presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, además de sostener que su defendida es víctima de una pena de infamia. “Aquí no estamos acusando a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal, desapegado de la ley y de manera completamente corrupta”, reviró Gómez Álvarez.

Casi al mismo tiempo, la Mesa Directiva del Senado iniciaba a desahogar 132 proposiciones y 136 iniciativas, para luego dar paso a 20 dictámenes, de los cuales 13 sometió a la votación del Pleno. Y entre ellos, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de plataformas digitales.

Antes de que la presidenta de los debates, Mónica Fernández Balboa, llamara al senador poblano Alejandro Armenta para que razonara la propuesta, a nombre de las comisiones dictaminadoras, en 128 escaños fue colocado un anónimo, donde se acusaba a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina, Vanessa Rubio, de admitir firmas de legisladoras para justificar su asistencia a los trabajos legislativos.

La tres veces exsecretaria en el sexenio peñista había usado las redes sociales para subir un video de la sesión conjunta de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda en la que se dictaminó la iniciativa presentada el pasado 12 de septiembre del 2019 por Ricardo Monreal Ávila, que buscaba obligar a las empresas extranjeras de servicios digitales de contenidos audiovisuales, que prestan sus servicios en México, a pagar sus contribuciones como lo hacen las empresas nacionales.

El video evidenciaba que sólo hubo cuatro senadores de la Comisión de Hacienda. Pero el dictamen, defendió Armenta en la tribuna, era legal. “No somos iguales”, recriminó, para luego referirse a los trabajos en la comisión que preside Rubio, quien ayer no acudió a la sesión plenaria por razones de salud. Claudia Ruiz Massieu salió en su defensa y denunció violencia política de género, lo que abrió un ríspido debate, con un amago de las bancadas opositoras de retirarse del Pleno.

Efectivamente, en comisiones, la iniciativa de Monreal fue modificada y el dictamen que ayer se sometería al Pleno no implicaba el cobro de nuevos impuestos y sólo incluía la obligación de incorporar contenidos audiovisuales nacionales en las plataformas digitales, tal y como ya se hizo en Europa y actualmente se está haciendo en Canadá.

Las plataformas digitales quedarían obligadas a destinar una tercera parte de su catálogo para contenidos creados en México, lo que daría un impulso considerable a la industria audiovisual y cinematográfica en México. Si se aprueba en esos términos, sería en beneficio de directores, productores, actores y técnicos mexicanos, lo mismo que los sindicatos vinculados con este sector.

La nueva legislación daría un año entero a las plataformas digitales para adecuar sus catálogos a la nueva obligación. El escarceo entre las bancadas del PRI y Morena obligó a que el dictamen fuera devuelto a las comisiones dictaminadoras… donde podría nuevamente abrirse la discusión sobre la conveniencia de revisar el marco legal tributario para que paguen donde obtienen sus ingresos.