De acuerdo con una investigación realizada en las tres dependencias directamente involucradas en la transición de televisión digital, el Gobierno Federal no tiene bien definida la política de reciclaje de televisores analógicos que quedarán inservibles el próximo 31 de diciembre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está a cargo de decretar el inicio … Continued
De acuerdo con una investigación realizada en las tres dependencias directamente involucradas en la transición de televisión digital, el Gobierno Federal no tiene bien definida la política de reciclaje de televisores analógicos que quedarán inservibles el próximo 31 de diciembre de 2015.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está a cargo de decretar el inicio de las transmisiones de televisión digital en las ciudades o regiones que ya se encuentren preparadas; en tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene la encomienda desde hace más de un año de entregar televisores digitales a las familias de escasos recursos y recomendar al IFT dónde puede ya bajar el switch de la televisión analógica y encender las señales digitales.
El plan de retiro, reciclaje, recuperación o reúso de los aparatos analógicos y de sus componentes es responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, Cuauhtémoc Ochoa Fernández dijo a mediados del mes de diciembre en el estado de Tamaulipas que ya se preparaba el diseño de un mecanismo de recolección de los televisores que quedarán en desuso, pero en su oficina desconocieron cualquier plan, de acuerdo a una serie de entrevistas solicitadas por el periódico El Economista.
Por su parte la SCT, dependencia que lleva más de un año entregando equipos digitales no ha informado el destino de los televisores analógicos que estaban en manos de las familias.
El gobierno de México tiene hasta el 31 de diciembre del 2015 para encender las señales de la televisión digital en todo el país y de manera escalonada desde el 2013 en distintas regiones, comenzando por el norte de la República.
Con información de El Economista.
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