El gobierno de Puebla afirmó que en el retiro de manifestantes que bloqueaban la autopista Atlixcáyotl, el pasado 9 de julio, el despliegue policial se produjo en todo momento bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objetivo de lograr la apertura de la vía. El conflicto se originó, luego de que al … Continued
El gobierno de Puebla afirmó que en el retiro de manifestantes que bloqueaban la autopista Atlixcáyotl, el pasado 9 de julio, el despliegue policial se produjo en todo momento bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objetivo de lograr la apertura de la vía.
El conflicto se originó, luego de que al mediodía del pasado miércoles, juntas auxiliares bloquearon la autopista para exigir la reapertura de las oficinas del Registro Civil, pues ahora los habitantes deben trasladarse a la capital del estado para realizar este trámite.
Al fijar su postura con relación a los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, recordó que los manifestantes interrumpieron el flujo vehicular por más de cinco horas e incurrieron en acciones violentas.
En conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les convocó al diálogo y la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno.
El operativo de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública se realizó, agotados los llamamientos al diálogo, no obstante la violencia expuesta por los manifestantes fue exclusiva, las fuerzas policiales utilizaron escudos y cascos.
Ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores, señaló. “Se ratifica, asimismo, que en ningún momento se utilizaron balas de goma o cualquier otro dispositivo diferente a los ya referidos”, señaló.
“El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada, de franca provocación y agresión”, estimó.
Ello se demuestra por el hecho de que iban preparados con diversos objetos contundentes tales como: bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre.
Dentro de los que destacó la utilización de cohetones que fueron proyectados, incluso con la utilización de lanzaderas de aluminio y PVC, en agravio y afectación directa de policías y transeúntes.
Por estos hechos, del pasado 9 de julio, se reportó un saldo de 46 policías lesionados y al menos dos civiles.
Durante la agresión de los manifestantes, se estima que fueron detonados cerca de 200 cohetones, cuyo poder de impacto no sólo lesionó personas, sino que destrozó cascos protectores y escudos de la policía, lo cual demuestra su poder de daño.
Resaltó el caso de mayor gravedad, que es el de un menor de edad, quien fue lesionado por uno de los cohetones lanzados por los manifestantes en su protesta.
Hoy, esta persona se encuentra grave, después de una intervención quirúrgica que le fue practicada la noche de los hechos y se destaca que se ha llevado a cabo el protocolo médico recomendado en estos casos.
El 9 de julio de 2014, fueron detenidas cuatro personas que participaron en los hechos delictivos, emprendiéndose por la Procuraduría de Justicia del Estado las acciones jurídicas del caso, motivo por el cual fueron consignadas ante el juez penal correspondiente.
El avance de la investigación dispone ya de evidencia contundente, en virtud de que se tienen testimonios, fotografías y videograbaciones que identifican plenamente a un número importante de agresores. Muchos de estos elementos son incluso públicos y confirman de manera evidente la relatoría expuesta.
Desde el principio de este incidente, el gobierno de Puebla ha ofrecido la más amplia cooperación con las Comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional, esta última a cargo de las investigaciones que atrajo a su ámbito, instancia a la que se le allegarán todos los elementos de que se disponen.
Adicionalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR), una copia de la averiguación previa respectiva y aportará también los peritajes, estudios técnicos y todos los elementos que obran en el expediente.
“El gobierno del estado de Puebla ratifica su respeto a la libertad de expresión, de manifestación y de protesta, sin distingo de la causa que la motive, en tanto, no se incurra en la comisión de conductas delictivas, en agravio de la sociedad poblana”, expresó.
Con información de Notimex
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