Un juzgado federal en México dictó auto de prisión formal a siete militares implicados en relación con el asesinato de 22 personas que estaban en una bodega en la localidad de Tlatlaya luego de que se rindieran. El Consejo de la Judicatura Federal dice que de la decisión del juez se desprende que hay suficiente … Continued
Un juzgado federal en México dictó auto de prisión formal a siete militares implicados en relación con el asesinato de 22 personas que estaban en una bodega en la localidad de Tlatlaya luego de que se rindieran.
El Consejo de la Judicatura Federal dice que de la decisión del juez se desprende que hay suficiente evidencia para enjuiciar a los siete acusados de haber cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Tres de los soldados enfrentan, además, cargos por abuso de autoridad, homicidio calificado y alteración ilícita de la escena del crimen. Uno más enfrenta el cargo de encubrimiento.
Los siete miembros del Ejército Mexicano permanecerán en la prisión militar de la Ciudad de México, donde están encarcelados desde el pasado 25 de septiembre.
El ejército informó originalmente que los 22 sospechosos murieron en un tiroteo con las tropas del ejército el 30 de junio. Una de las sobrevivientes dijo hace algunas semanas a que solo un individuo había muerto en un tiroteo inicial, y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, al dar a conocer los resultados de una investigación propia el pasado 21 de octubre, dijo que al menos 15 personas, de las 22 que murieron ese día, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados tras un enfrentamiento en una bodega de San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México, a más de 200 kilómetros al suroeste de la capital mexicana.
Sin embargo, en las acusaciones presentadas ante el juez se especificó que quienes murieron víctimas de homicidio fueron sólo ocho personas.
La comisión también constató intentos de autoridades civiles y castrenses de encubrir los hechos.
“(Es) una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer”, dijo su presidente, Raúl Plascencia, cuyo informe contradice afirmaciones previas sobre lo que ocurrió ese 30 de junio y revela que funcionarios de la fiscalía del Estado de México, que inicialmente investigó los hechos, también incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra al menos dos de tres mujeres que sobrevivieron.
El caso Tlatlaya fue el primero de una serie de sucesos que han puesto en entredicho el compromiso de México con los derechos humanos. Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas organizaciones nacionales e internacionales han exigido al gobierno mexicano una investigación rápida e independiente para esclarecer los hechos.
Con información de AP.
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