El coordinador de los diputados de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, aseguró que para su bancada es prioritario concretar el marco jurídico anticorrupción. “Concretar el marco jurídico del Sistema Nacional de Integridad Pública que, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, darán al país un modelo integral para combatir con mayor eficacia … Continued
El coordinador de los diputados de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, aseguró que para su bancada es prioritario concretar el marco jurídico anticorrupción.
“Concretar el marco jurídico del Sistema Nacional de Integridad Pública que, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, darán al país un modelo integral para combatir con mayor eficacia la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública”, afirmó.
Beltrones Rivera planteó lo anterior, al explicar ante los vicecoordinadores de su bancada la ruta a seguir para concretar la aprobación de las reformas contra la corrupción en los primeros días del próximo periodo ordinario.
A través de un comunicado, el legislador federal indicó que estas reformas para combatir la corrupción son parte integral del proceso de reformas transformadoras impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Además, el dirigente del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados reiteró su compromiso con el decálogo de medidas anunciadas en noviembre pasado por el Ejecutivo federal.
Destacó que el objetivo es cerrar espacios a la opacidad y la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos mediante contrapesos institucionales y sistemas modernos de control, cuyos ingredientes primordiales son honestidad, transparencia y rendición de cuentas sobre el destino del dinero de los contribuyentes.
Manlio Fabio Beltrones afirmó que los diputados del PRI trabajan para que se fortalezca la coordinación del Sistema Nacional de Integridad Pública con base en cuatro ejes.
El primero, expuso, una Fiscalía Anticorrupción que formará parte de la nueva Fiscalía General que remplaza a la actual Procuraduría General de la República (PGR), además de que se modifique la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio y aplicarla en los casos de enriquecimiento ilícito.
El segundo, continuó, un Tribunal Fiscal y Administrativo que no solo obligue a los funcionarios a rendir cuentas, sino que también aplique las sanciones administrativas que correspondan.
Abundó que el tercer eje es una Auditoría Superior de la Federación (ASF) con más facultades de investigación y sanción cuando se detecten irregularidades, ya que ahora las sanciones no tienen la contundencia ni la regularidad necesarias.
El último eje, añadió, es una Secretaría de la Función Pública con nuevas atribuciones que será la instancia que tome medidas y se ocupe de prevenir las irregularidades en la administración pública de los tres niveles de gobierno, y en todos los órganos del Estado.
Beltrones Rivera anunció que las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la academia serán tomadas en cuenta por los legisladores priistas en la redacción de la Ley General del Sistema Nacional de Integridad Pública.
Ello, expuso, ya que la exigencia ciudadana es clara y la sociedad ya no puede esperar más para ver que las autoridades de los tres niveles de gobierno respondan a su demanda de que los gobiernos sean transparentes y en los que ya no quepan el abuso y la impunidad.
“Quien traiciona la confianza de la sociedad con actos de corrupción debe pagar las consecuencias, sin excepción. De eso se trata el Sistema Nacional de Integridad Pública, de construir gobiernos transparentes que operen a la vista de la ciudadanía”, concluyó.
En este marco, recordó que en el Senado se analiza la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deriva de la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2013 y de una amplia consulta ciudadana.
Esa ley reforzará el derecho de los ciudadanos a acceder a la información del gobierno y ampliará las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de toda persona, física o moral, que reciba recursos públicos, entre otras disposiciones.
Además de que potenciará los resultados del Sistema Nacional de Integridad Pública, también previsto en la Constitución, cuya aprobación está muy cercana por los acuerdos que se han alcanzado entre las principales fuerzas políticas, destacó Beltrones.
Con información de Notimex
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