La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública local por actos de tortura y tratos crueles e inhumanos de agentes de ese organismo, contra ocho personas que los grabaron en instalaciones del Metro. Al dar a conocer la recomendación 11/2014 la presidenta de la CDHDF, … Continued
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública local por actos de tortura y tratos crueles e inhumanos de agentes de ese organismo, contra ocho personas que los grabaron en instalaciones del Metro.
Al dar a conocer la recomendación 11/2014 la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, refirió que el 19 de junio y el 3 de agosto de 2013, el organismo a su cargo realizó la documentación de seis expedientes acumulados por estos hechos.
De esa investigación, la comisión determinó la violación a los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y seguridad personal, así como a la integridad personal, en particular al ser sometidos a actos de tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como al uso desproporcionado de la fuerza.
Explicó que haciendo válido su derecho a la libertad de expresión y de información, las personas agraviadas se encontraban en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y documentaban, a través de grabaciones, al personal de la SSPDF.
Sin embargo fueron detenidos por agentes de la propia corporación policiaca, con lo que violentaron sus derechos y garantías individuales.
Las personas agraviadas son: Roberto Hernández, Aldo Sotelo Lázaro, Luis Méndez Pérez, Andrés Landero Quiroz, Lilia Marisol Hernández Martínez, Carlos Alejandro Barrera Jiménez y dos personas más que pidieron mantener la confidencialidad de sus datos personales.
La CDHDF recomendó a la secretaría de seguridad que en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de la aceptación de la recomendación, se dé vista a la Dirección General de Inspección Policial de estos hechos, para que se investigue la responsabilidad administrativa en que incurrieron los servidores públicos involucrados.
También para que se inicien investigaciones respecto a la tortura a la que fueron víctimas Landero Quiroz y Hernández Martínez, y para que en un lapso no mayor de 60 días se repare íntegramente las afectaciones a Sotelo Lázaro y a Barrera Jiménez, por violación a su derecho y a su integridad personal.
Asimismo recomendó se repare el daño a Landero Quiroz y Hernández Martínez por violaciones a ese mismo derecho, al ser víctimas de torturas en los conceptos de daño emergente, moral y lucro cesante.
La comisión además dio un plazo de 60 días para que se incluya en los programas de capacitación al personal de la SSPDF, cursos especializados en materia de libertad de expresión y con visión de derechos humanos; en el mismo plazo se deberá emitir una circular en la que se enfatice la obligación de garantizar estos derechos.
Al Metro, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal otorgó un plazo de 60 días, después de aceptada la recomendación como autoridad colaboradora, para que revise de manera exhaustiva y, en su caso, adecue la normatividad vigente.
Específicamente se refirió al apoyo que brinda la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en sus instalaciones, pues tres de los casos ocurrieron en su interior.
También como autoridad colaboradora, pidió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) haga de conocimiento de sus comisiones encargadas de justicia y derechos humanos sobre el contenido de la recomendación, para que sea discutido en términos de la legislación correspondiente.
En otro tema, también se dio a conocer la recomendación 10/2014 dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, por dos casos en los que se acreditaron violaciones al derecho al debido proceso y garantías judiciales.
Detalló que los agraviados fueron Nino Colman Hoyos Henao y una persona que llevara en vida el nombre de Jaime Geovanni Arcos Zamora.
Ambas víctimas fueron afectadas por una asistencia legal deficiente, proporcionada por personal de la entonces llamada Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal, actualmente Defensoría Pública Local.
En la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal otorgó un plazo de 90 días para que se proporcione capacitación al personal involucrado y solicitó se haga un diagnóstico sobre las necesidad de recursos humanos, técnicos y operativos.
El objetivo de es medida es solicitar, a través de la Secretaría de Finanzas a la Asamblea Legislativa, más recursos para mejorar la calidad del servicio.
Con información de Notimex
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