Desde hace varios años Uruapan está al rojo vivo. Distintos grupos delincuenciales que se han consolidado gracias al apoyo del poder político consideran este municipio territorio estratégico para el control de la zona
* El alcalde uruapense Carlos Manzo incomodó a la cúpula morenista de Michoacán… hoy está muerto
* El móvil de su ejecución no sólo es criminal, también es político y se tiene que investigar a fondo
* ¿El Gobierno Federal apoyará su viuda Grecia Quiroz o el respaldo será ‘de dientes para afuera’?
DAÑOS COLATERALES.- Las balas que salieron de la pistola que le arrancaron la vida al presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, durante las festividades del “Día de Muertos”, también acabaron con las carreras políticas de tres “ilustres” morenistas michoacanos: La del “gobernador” (sí, entrecomillado) Alfredo Ramírez Bedolla, la del “diputado” (sí, entrecomillado también) Leonol Godoy Rangel y la del senador Raúl Morón Orozco. En vida, el edil uruapense, quien llegó a la alcaldía de su municipio por la vía independiente en septiembre del año pasado (apenas duró 13 meses en el cargo) jamás tuvo pelos en la lengua para señalar públicamente a quienes consideraba los principales responsables de la crisis de inseguridad y violencia que hasta la fecha se vive en Uruapan: El gobernador Ramírez Bedolla, el senador Morón Orozco y el legislador federal Godoy Rangel. Seis días después de la ejecución de Carlos, su hermano Juan ofreció algunas entrevistas en las que asomó sus sospechas hacia estos tres personajes. Sin embargo, en esta ecuación también habría que incluir a Ignacio Benjamín Campos Equihua, exalcalde de Uruapan a quien también Manzó Rodríguez señaló de corrupto. Del primero ya todos sabemos que el inquilino de La Chingada, Chiapas lo impuso en la gubernatura después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le tumbó a Raúl Morón Orozco su candidatura, esto en 2023 y, sobre el segundo, pues no hay mucho que decir… si acaso que su medio hermano, el infame Julio César Godoy Toscano (a quien todos recuerdan que ingresó a San Lázaro oculto en la cajuela de un automóvil para jurar cono diputado y enfuerarse), pertenece al cártel de La Familia Michoacana. Por lo tanto, el móvil de la muerte de Carlos Manzo no es sólo criminal… también es político.
NARCOESTRUCTURA POLÍTICA.- Desde hace varios años Uruapan está al rojo vivo. Distintos grupos delincuenciales que se han consolidado gracias al apoyo del poder político consideran este municipio territorio estratégico para el control de la zona. Ahí convergen, coexisten, conviven y, por supuesto, pelean sanguinariamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Cárteles Unidos, Los Caballeros Templarios y El Grupo Tepalcatepec, entre otros. En pocas palabras, Uruapan representa un filón de oro para el crimen organizado, pues ahí hay aguacate, limón, madera… y drogas. De ese tamaño su impotancia. Y Carlos Manzo los combatió frontalmente. Sin esconderse y sin intimidarse. Y con los pocos recursos de los que disponía (humanos, presupuestales y de infraestructura) logró asestarles varios golpes severos. Quizá el último fue el que le costó la vida: La captura, a finales de agosto pasado, de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, hombre de confianza de los hermanos Ramón (“El R1”) y Rafael (“El R2”) Álvarez Ayala, operadores del CJNG en Michoacán y presuntos aliados de viejas estructuras políticas vinculadas al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los tiempos de los exgobernadores Silvano Aureoles, Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel. Con la puesta del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” por parte del Gobierno Federal se espera que la cruzada que inició Carlos Manzo en Uruapan prosiga y que el apoyo a su viuda, Grecia Quiroz, como la nueva alcaldesa, no se politice y mucho menos que sea discrecional. Porque puede que Uruapan tenga un gobierno independiente, pero sigue siendo parte de México.
GATO ENCERRADO.- Vaya, vaya… milagrosamente han disminuido en México las cifras por homicidio doloso. Desde el Gobierno aseguran que desde hace 13 meses ya cayeron en un 37%, pero nadie dice que la estadística por desaparición forzosa han repuntado en un 16%.
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